La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad con las más de 150 personas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no pasarán estas fiestas de Navidad y fin de año con sus familias.
«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, pues es una precondición para iniciar un diálogo efectivo y legítimo que permita el restablecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en el país. Asimismo, refrenda su compromiso y acompañamiento a las familias de las personas detenidas», señaló el organismo regional.
«Algunas fueron procesadas en audiencias clandestinas, continúan en total aislamiento, y enfrentan riesgos a su vida e integridad. #NavidadSinPresosPolíticos», indicaron en un tuit.
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La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) propuso una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Nicaragua, que incluiría un nuevo párrafo en el artículo 13 y un nuevo artículo sobre derechos y deberes del estudiante para garantizar que los jóvenes expulsados de las universidades públicas en el contexto de las protestas de abril 2018, sean reintegrados a sus respectivas casas de estudios.
La iniciativa de reforma busca la creación de una Contraloría Universitaria para ejercer un control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado asignados a las universidades estatales, y que a la vez coordine y rinda cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). «Todo con el interés de aportar a la lucha contra la corrupción en las universidades públicas», explica el documento.
«El reintegro estudiantil atiende los casos especiales de aquellos estudiantes que hayan tenido una participación directa en los hechos acontecidos en abril 2018, y que, por ejercer el derecho a la movilización, consignado en la Constitución Política de Nicaragua, hayan sido expulsados y expulsadas de sus recintos universitarios», señala la exposición de motivos de la iniciativa de reforma.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, afirmó este jueves en un mensaje dirigido a la comunidad internacional que «restaurar la democracia» en Nicaragua en 2022 «debe ser nuestra prioridad», y llamó a la dictadura de Daniel Ortega a decretar una amnistía que permita la liberación de los más de 160 presos políticos.
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En su habitual mensaje de fin de año, en el que la SIP hace un balance anual sobre el estado de la libertad de prensa en el continente americano, Canahuati señaló que el objetivo debe ser que Nicaragua, «el país con la mayor regresión en 2021», vuelva a la democracia.
La SIP insta al régimen nicaragüense a que decrete una «amnistía para que sean liberados los presos de conciencia, una medida que considera «el punto de partida para tratar de restaurar la democracia».
El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua informó este jueves que un total de 17 personas han sufrido lesiones con pólvora, como producto de las fiestas decembrinas, que en el país centroamericano inician desde la primera semana del mes.
SIP exige libertad de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y libertad de prensa
La cantidad de lesionados con pólvora en los primeros 22 días de diciembre es menor que la registrada en 2020, cuando el Ministerio de Salud reportó 42, de acuerdo con las cifras oficiales.
Las quemaduras con pólvora son comunes en diciembre en Nicaragua, debido a la costumbre de sus habitantes de celebrar con fuegos artificiales que manipulan de forma directa cualquiera de los integrantes de una familia, incluyendo niños.