Estados Unidos anunció que no otorgará a Nicaragua más asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y que además votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros. Esa medida también se aplicará a Cuba, Rusia, Siria, entre otros.
Esos países son señalados por la administración de Joe Biden de no hacer los esfuerzos suficientes por cumplir con la Ley de Protección a las Víctimas de Trata de Personas. Esto podría afectar directamente a programas educativos. El abogado y opositor Eliseo Núñez dijo que esta acción puede impactar de forma directa en la labor de ONG que trabajan en esa línea.
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El precandidato presidencial, académico y exdiplomático nicaragüense Arturo Cruz, cumplió este 22 de diciembre 200 días de estar detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como «El Chipote», un sitio donde los presos políticos han recibido tortura, según denuncian familiares de los reos.
En una nota de prensa difundida en la cuenta de Twitter de Cruz, su equipo insiste en la inocencia del aspirante a la Presidencia, denuncian su detención arbitraria y rechazan las acusaciones de traición a la patria.
«El profesor en este tiempo ha presentado una baja en sus condiciones de salud, pero con el ánimo y la fuerza en la lucha por la democracia y la libertad», resalta el comunicado de prensa.
La Iniciativa Mesoamericana Defensoras de presentó un balance sobre las agresiones que han registrado entre 2018 y 2021. En ese periodo, en el que inició el estallido social en Nicaragua, la organización reportó 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos.
Presas políticas son sometidas a torturas y tratos inhumanos en «El Nuevo Chipote», alerta IM-Defensoras. Foto: Artículo 66
Igualmente, subrayan que en ese contexto 13 de esas mujeres forman parte de la lista de presas políticas del régimen de Daniel Ortega, entre las que cuentan a las abogadas María Oviedo y Evelyn Pinto.
Denuncian las torturas, aislamiento y el hostigamiento constante a sus familias, lo que enmarcan en la «política de terror» impuesta por la dictadura. Esto declaró al respecto Morena Oviedo, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
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El observatorio independiente Urnas Abiertas denunció en su más reciente informe una «práctica corrupta e ilegal» que refleja la corrupción del régimen de Nicaragua al usar la recaudación fiscal y montos del Presupuesto General de la República para financiar la campaña del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron impuestos en la boleta aferrados al poder en un proceso viciado para otorgarles un periodo más al frente del país.
FSLN recibirá millonario reembolso por tras la «farsa electoral»
El documento resalta que el FSLN recibirá 17.4 millones de dólares en concepto de reembolso electoral por haber obtenido, según el orteguista Consejo Supremo Electoral, más de 75 % de los votos válidos.
«Se evidencia la práctica sistemática y generalizada del FSLN de usar de manera abusiva los bienes y recursos del Estado para favorecer sus objetivos político-partidarios, en todo el territorio nacional y a través de todo el aparato estatal en los diferentes niveles de gobierno», destaca el reporte divulgado por el organismo.
Noviembre 2021 cerró con 186.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares a Nicaragua, así lo confirmó el Banco Central a través de su informe oficial, Ese monto representa un incremento del 22.5 % si se compara con el mismo mes de 2020. Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de envíos a Nicaragua con 125 millones, es decir, casi un 70 % del total. Le sigue España, Costa Rica, Panamá, Canadá y El Salvador.
Las remesas se han convertido en una de las principales entradas para el régimen orteguista. Grupos de exiliados han impulsado campañas del paro de remesas en momentos en que la dictadura de Nicaragua ha subido aún más el nivel de represión contra opositores.
