El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reportó que el régimen de Daniel Ortega no contestó a la solicitud de la resolución acordada el pasado 8 de diciembre, donde se le pedía que permitiera el ingreso de una misión de alto nivel al país, y requirió al Consejo Permanente alargar el plazo hasta mediados de enero del próximo año.
“Es en este sentido que cumplo en informar al consejo permanente a través de usted, señor presidente, que hemos realizado las gestiones encomendadas a través de las vías pertinentes con la finalidad de obtener los resultados solicitados en la Resolución CP 1118 (2355/21) de 8 de diciembre de 2021”, se lee en la carta enviada al presidente del Consejo Permanente del organismo, Josué Fiallo.
“No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre (hoy) cómo fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que usted entienda a bien realizar”, manifestó Almagro.
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En la resolución —aprobada con 25 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones— se encomendó a Almagro solicitar “con urgencia” una reunión con el régimen a fin de transmitirle la decisión y obtener su compromiso de aceptar la misión como primera medida para restablecer el cumplimiento de la Carta Democrática.
Los planteamientos de la resolución
La OEA concluye que «Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana» y determina «instar al Gobierno de Nicaragua, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos». A su vez pide aceptar una misión de «buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA» para buscar un acuerdo que culmine con la realización de reformas electorales integrales y la revocación del combo de leyes represivas aprobadas por la dictadura en meses pasados para reprimir a la disidencia.
La resolución de la OEA también recomienda iniciar un diálogo con «todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble».
En el documento también se hace una llamamiento al régimen de Ortega para que «permita el retorno inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
