La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) lanzó una alerta ante la situación «precaria e inhumana» que padecen las presas políticas Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona y Tamara Dávila, en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como «El Nuevo Chipote».
El organismo, a través de un comunicado, indicó que han constatado las pésimas condiciones en las que se encuentran las cuatro prisioneras del régimen de Daniel Ortega. Afirmó que durante seis meses, las opositoras han sido torturadas, aisladas de los demás reos y les han restringido las visitas de sus familiares, debido a que la Policía sancionada solo ha permitido tres encuentros entre los rehenes de la dictadura y sus parientes.
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«Según información que hemos podido verificar, las cuatro están recluidas desde hace más de seis meses en situación de casi absoluto aislamiento y enfrentando restricciones de visitas de sus familiares, que han implicado la imposibilidad de ver a sus hijos e hijas, constantes interrogatorios, privación de alimentos o alimentación carente de nutrientes, falta de atención adecuada a enfermedades crónicas, alteraciones sensoriales y falta de abrigo, entre otras vulneraciones a sus derechos», resaltó la entidad defensora.
IM-Defensoras subrayó que el caso de la exguerrillera Dora María Téllez es «preocupante». La prisionera de Ortega se encuentra ubicada en el pabellón de varones, lo que la expone a un «mayor riesgo».
La situación de Téllez «es una clara muestra del ensañamiento de las autoridades nicaragüenses hacia su persona y hacia lo que ella representa, como emblemática comandanta de la revolución sandinista y luchadora por la igualdad social, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual», señaló.
A las cuatro presas políticas, la Policía bajo el mando del consuegro presidencial, comisionado sancionado Francisco Díaz, las acusó de «realizar actos que menoscaban la independencia» de conformidad con la Ley 1055, normativa de la dictadura para acusar de «traidores de la patria» a opositores.
Las defensoras mesoamericanas reprocharon los «múltiples riesgos y ataques» contra familiares de presos políticos por parte del aparato represor de Ortega-Murillo. El régimen ha impedido la salida del país de familiares de las reas de conciencia y también ha lanzado amenazas y represalias contra sus parientes, todo esto «se suma al grave impacto psicoemocional y la angustia que significa que sus seres queridos estén en total arbitrariedad», aseveró el organismo.
Resaltaron que, «entre 2018 y 2021, desde la IM-Defensoras hemos registrado al menos 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua, 115 de éstas fueron detenciones arbitrarias. En la actualidad, son 13 las defensoras de derechos humanos que están presas políticas por luchar por un país más justo e igualitario».
La organización de mujeres defensoras condenó «el ensañamiento del gobierno nicaragüense contra estas cuatro reconocidas activistas sociales y feministas y llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con estas compañeras feministas, a denunciar la situación de tortura y maltrato que viven y a exigir su liberación y la del resto de 167 personas presas políticas en Nicaragua».
