Once opositores cumplen seis meses en prisión bajo tortura por órdenes de Ortega

Once presos políticos de Daniel Ortega cumplen seis meses en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como «El Nuevo Chipote». Los reos de conciencia han sido sometidos a torturas, tratos inhumanos y algunos hasta se encuentran en aislamiento, denuncian sus familiares.

Los líderes opositores nicaragüenses encarcelados por exigir democracia y libertad son: los aspirantes a la Presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes fueron detenidos el 8 de junio de 2021, ese mismo día arrestaron a la activista Violeta Granera y al empresario José Adán Aguerri. El 9 de junio de 2021, el veterano político José Pallais fue sacado de su casa, en el departamento de León, en horas del mediodía por la Policía orteguista.

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Días después, la Policía sancionada arremetió contra los liderazgos de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). En 24 horas encarceló a seis de sus miembros. Tamara Dávila fue detenida la noche del 12 de junio de 2021, y al día siguiente (13 de junio) los agentes policiales se llevaron prisioneros a la exguerrillera Dora María Téllez; a la expresidenta de Unamos, Ana Margarita Vijil, al ex viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Hugo Tinoco; al general en retiro Hugo Torres Jiménez; y a la presidenta de Unamos, Suyen Barahona.

A la mayoría de los presos políticos, la Policía al servicio de la dictadura les efectuó el mismo operativo, el cual se basó en asediar horas antes a los opositores, para luego allanar sus viviendas y encarcelarlos.

Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue detenido por agentes oficiales minutos después que salió de rendir su entrevista a la que había sido citado en el Ministerio Público. Mientras tanto, a Juan Sebastián Chamorro y José Adán Aguerri, ambos integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la Policía allanó sus viviendas y posteriormente los arrestaron.

De igual forma, irrumpieron en la casa de Violeta Granera y durante tres días la justicia orteguista la mantuvo bajo arresto domiciliar el 11 de junio. La opositora fue trasladada a las celdas de «El Nuevo Chipote».

José Pallais fue detenido en su casa por el comisionado general sancionado Fidel Domínguez. La noche anterior (8 de junio) a su arresto, el opositor había denunciado que un grupo de paramilitares armados estaban merodeando su casa, habían destruido las cámaras de seguridad e intentaron forzar los portones.

A Tamara Dávila, los agentes oficiales la asediaron durante todo el día y al caer la noche del 12 de junio; la arrestaron y allanaron su vivienda donde estaba con su hija.

Asimismo pasó con la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, las dos opositoras se encontraban en la vivienda de la excombatiente y el 13 de junio, desde tempranas horas, al menos dos patrullas policiales y motorizados rodearon la vivienda. En paralelo, un dron sobrevolaba la propiedad. Horas más tarde, oficiales entraron de manera arbitraria la vivienda de la opositora y la arrestaron junto a Vijil.

Con el mismo patrón de aprehensión, fue detenida la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, en su casa en Managua; y el general en retiro Hugo Torres Jiménez.

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Por su parte, el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco fue secuestrado por civiles que se movilizaban en una camioneta Hilux, en las inmediaciones de Galerías Santo Domingo, municipio de Managua. Horas antes, a eso de las seis de la tarde, su familia alertó que una patrulla policial lo mantenía retenido, pero lo dejó ir; sin embargo, los operadores del régimen llevaron a efecto su intención tiempo después.

A los onces líderes políticos, la Policía bajo el mando del consuegro presidencial, comisionado sancionado Francisco Díaz, los acusó de «realizar actos que menoscaban la independencia» de conformidad con la Ley 1055, normativa de la dictadura para acusar de «traidores de la patria» a opositores.

Los familiares de los presos políticos continúan demandando su liberación. De igual forma, han solicitado a la dictadura de Ortega-Murillo que brinde a los presos políticos las «condiciones mínimas» mientras se encuentran privados de su libertad y el cese a la tortura o cualquier trata inhumano.