En las enmiendas de la resolución del Parlamento Europeo, los eurodiputados reiteraron su petición de «extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia», un terrorista que llegó a Nicaragua en 1983 y fue nacionalizado nicaragüense en 1988 durante la primera dictadura sandinista de Daniel Ortega.
Alessio Casimirri fue condenado por la justicia de Italia a seis cadenas perpetuas por el asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro, secuestrado y ejecutado en 1978 por miembros del grupo terrorista de extrema izquierda «Brigadas Rojas». Casimirri fue miembro de esa agrupación hasta finales de la década de los setenta.
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Usaba el seudónimo de «Camillo». Cuando fue asesinado, Moro era presidente del partido político Demócrata Cristiano italiano. Su niñez la pasó en El Vaticano. Su padre fue durante 30 años portavoz papal. Se nacionalizó nicaragüense en 1988 y se casó con Raquel García Jarquín, con quien tiene tres hijos, dos biológicos y uno adoptado que padece síndrome de Down.
La petición de extradición de Casimirri surge desde 1990. El Gobierno de Italia solicitó la entrega. En febrero de 2004, el entonces embajador italiano en Nicaragua, Maurizio Fratini, aseguró que habían pedido su extradición en reiteradas ocasiones, pero sin éxito.
En 2015, fue tildado como «un objetivo esencial e irrenunciable en las acciones del Gobierno», por el entonces ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, «a pesar de las negativas que hasta ahora han emitido las autoridades de la República de Nicaragua».
En 2014, en una entrevista con el extinto El Nuevo Diario, aseguró: «fui de las brigadas rojas, pero es que ser de las brigadas rojas era como pertenecer al FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional); como todo ciudadano yo tenía mi ideología (…) pero nunca estuve en el atentado contra Aldo Moro».
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Casimirri es chef y propietario de «Gastronomía El Buzo», antes «La Cueva del Buzo», un restaurante donde prepara platillos típicos de Italia. Fundó el sitio hace más de 20 años y es uno de los más reconocidos en Managua, está ubicado en el kilómetro 12.9 de Carretera Sur.
Prófugos de la justicia, asilados por Ortega
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado la nacionalidad nicaragüense a personajes de la política internacional que son acusados de diversos delitos en sus países de origen. Los casos más sonados son los de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos señalados de corrupción y peculado en la nación centroamericana.
Daniel Ortega otorgó asilo político a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, un oscuro personaje de la política guatemalteca. Según investigaciones de diversos medios de comunicación de ese país centroamericano, Herrera Castillo está vinculado con los últimos tres gobiernos de la nación chapina, donde alcanzó grandes cuotas de poder. Herrera también es sospechoso de narcotráfico y fue enjuiciado por corrupción.
El dictador también nacionalizó en 1988 a Adli Musa Farhood, señalado por el antiguo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, de ser parte de un grupo de seis empresarios palestinos supuestamente ligados al lavado de dinero, contrabando, tráfico de personas y a la recolección de fondos para organizaciones violentas como el movimiento radical Hamás.