Alessio Casimirri Labella (Roma, 1951) aterrizó en Nicaragua en un vuelo de la aerolínea rusa Aeroflot en 1983, procedente de Italia. Antes tuvo que hacer escala en París y Rusia. En su momento lo acusaron de entrar de manera ilegal al país, bajo el nombre de Guido di Giambatistta y de ser protegido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobernaba en ese entonces.
Su niñez la pasó en El Vaticano, donde su padre fue durante 30 años portavoz papal. Se nacionalizó nicaragüense en 1988 y se casó con Raquel García Jarquín, con quien tiene 3 hijos.
Este 14 de marzo el Parlamento Europeo reclamó la extradición de Casimirri, quien fue condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por el asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro, secuestrado y ejecutado en 1978 por miembros del grupo terrorista de extrema izquierda «Brigadas Rojas». Casimirri fue miembro de este grupo hasta finales de la década de los setenta. Usaba el seudónimo de «Camillo». Cuando fue asesinado, Moro era presidente del partido político Demócrata Cristiano italiano.

La petición de extradición de Casimirri fue presentada por el eurodiputado, Mario Borghezio, y fue incluida como una enmienda en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que pide sanciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega.
«La Cámara reclama la extradición inmediata a Italia de Alessio Casimirri, que vive ahora en Managua, protegido por el régimen orteguista, condenado definitivamente en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro Moro, y por el asesinato de miembros de su escolta, hechos acaecidos en Roma el 16 de marzo de 1978», dice el documento oficial de los parlamentarios.
Pero esta no es la primera vez que se pide la extradición del exbrigada roja, desde 1990 el Gobierno de Italia solicitó la entrega de Casimirri. En febrero de 2004, el entonces embajador italiano en Nicaragua, Maurizio Fratini aseguró que habían pedido su extradición en reiteradas ocasiones.
En 2015 fue tildado como «un objetico esencial e irrenunciable en las acciones del Gobierno», por el entonces Ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, «a pesar de las negativas que hasta ahora han emitido las autoridades de la República de Nicaragua».
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrado orteguista, Francisco Rosales, respondió al ministro de Justicia italiano que el caso de Casimirri era «cosa juzgada, no puede ser extraditado ni encarcelado», declaraciones que fueron recogidas por el diario La Prensa.
De todos los terroristas acusados del asesinato del exprimer ministro Aldo Moro, Alessio Casimirri fue el único que logró escapar de la justicia italiana.

Alessio no niega su pasado como parte del grupo terrorista de extrema izquierda «Brigada Roja». En una entrevista concedida a El Nuevo Diario en 2004, aseguró que «fui de las brigadas rojas, pero es que ser de las brigadas rojas era como pertenecer al FSLN; como todo ciudadano yo tenía mi ideología (…) pero nunca estuve en el atentado contra Aldo Moro».
En Nicaragua actualmente se encuentra exiliado el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien es reclamado por la justicia de El Salvador, por sus vinculaciones en casos de corrupción. Así mismo en agosto de 2018 el régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, un oscuro personaje de la política guatemalteca. Según investigaciones de diversos medios de comunicación de este país centroamericano, Herrera Castillo está vinculado con los últimos tres gobiernos de la nación chapina, donde alcanzó grandes cuotas de poder. Herrera también es sospechoso de narcotráfico y fue enjuiciado por corrupción.
Está por verse si con las presiones de la Unión Europea, y viendo bajo riesgo su futuro político, Ortega finalmente decide entregar al terrorista Casimirri a la justicia italiana, o si más bien prefiere protegerlo hasta el fin.
El país de los Ortega-Murillo Paraíso de los narcos, terroristas y criminales organizados, hasta hoy, mañana quien sabe.