El 16 de noviembre pasado se realizó una de las gestiones más extrañas que ha hecho el Gobierno durante este año, el arrendamiento de una casa que funcionará como despacho del Asesor para Asuntos de Infraestructura.
Según la página web del Sistema de Contratación Administrativa Electrónica (Siscae), el procedimiento se realizó mediante una contratación simplificada.
En esta categoría entran las compras que, independientemente del monto, cumplen al menos uno de las diez excepciones que orienta la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público en su artículo 58.
Estas excepciones son: compras de la Policía, del Ejército, por emergencia nacional, cuando el proveedor es único en el mercado, cumplir con los convenios colectivos, cuando la compra se puede hacer con fondos de caja chica, cuando no se pueda promover un concurso y, para adquirir suscripciones o anuncios publicitarios. Ninguna de esas categorías incluye el arriendo de una casa para un funcionario de gobierno, aunque sea exmilitar.
En el Siscae aparece el procedimiento de contratación simplificada No. CS-02-11-2021, denominado: “Servicio de arrendamiento de bien inmueble para uso de oficina con una capacidad de 325.54 metros cuadrados”, cuyo monto adjudicado es de 1 millón 606 mil 950 córdobas con 12 centavos al oferente “Desarrollo, Tecnología y Comercio Global, S.A. (DTCG, S.A.)”.
Es decir, tomando como referencia el tipo de cambio de 35.49 córdobas por un dólar, al 15 de diciembre de 2021, los nicaragüenses habrían pagado por ese contrato de alquiler para el asesor presidencial la suma de 45, 278.95 dólares.
Dicho en otras palabras el Estado nicaragüense está pagando 3 mil 773.24 dólares mensuales, aproximadamente, por una oficina que podría funcionar en cualquier edificio de gobierno. En La Casa de los Pueblos, por ejemplo, un edificio que fue construido con ese propósito y no está siendo utilizado.
Adicionalmente, cabe destacar, que según varias páginas de bienes raíces consultadas, una casa con las mismas dimensiones en la zona más exclusiva de la capital no rebasa los 1,500 dólares mensuales por alquiler.
Irregularidades
Según explican dos expertos en contrataciones (que pidieron mantener su identidad bajo anonimato, debido a la represión), las gestiones que se hacen con el dinero que proviene de los impuestos que pagan los nicaragüenses, aparecen en el Plan Anual de Contrataciones del Estado, conocido como PAC.
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Este documento “es como una lista de supermercado” donde las instituciones públicas colocan sus necesidades de compra de bienes y servicios de acuerdo al presupuesto que se les asigna anualmente. En el año 2020, el PAC de Presidencia no contemplaba este servicio inmobiliario.
“Aunque no es una camisa de fuerza forma parte del Siscae. Sirve de guía para saber cómo invierte el gobierno el dinero que proviene de los impuestos”, menciona la fuente, “pero no significa que van a comprar lo que quieran y cuando quieran, aunque lo hayan programado”.
De acuerdo con los expertos, la calidad y naturaleza de lo que se está comprando o adquiriendo es tan importante como la cantidad que se invierte. “En este caso, a todas luces se advierte que hay un sobre precio y además es un gasto innecesario. Es grave, porque se trata del uso de fondos públicos”, aseguran.
Otra anomalía que presenta este procedimiento es la ausencia de documentos. En el Siscae solo aparece el contrato de adjudicación que no menciona la dirección del inmueble, ni el nombre del funcionario que ocupará dicha oficina, solo su cargo. Tampoco dice si hubo otros oferentes.
Llama la atención que la empresa que aparece como propietaria del inmueble, DTCG S.A., cuyo representante legal es Mario José González García, no tiene página web ni una dirección física localizable. Al menos en internet, al realizar una búsqueda simple, no aparece.
Otro detalle sobre la mencionada compañía es que según la Gaceta del 13 de septiembre de 2016, DCTG S.A., fue constituida como empresa de servicios aduaneros y en algunas redes sociales la vinculan a Albanisa como DCTG-Albanisa.
“Con una Contraloría General de la República que se hace de la vista gorda frente a estas anomalías solo queda denunciar y dejar constancia para el futuro”, indicó uno de los entrevistados con vehemencia.
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A juicio del excontralor general de la república en tiempos de Arnoldo Alemán, Agustín Jarquín Anaya, la transparencia es una obligación del gobierno.
“Para no entrar en especulaciones las autoridades deberían explicar el destino de los recursos que utilizan. Lamentablemente, el mutismo estatal es una norma y las entidades internacionales en ocasiones son bien laxas en la fiscalización”, agrega.
Premio de consuelo
Según la cláusula quinta de este contrato de adjudicación suscrito entre la dirección de adjudicaciones de la Presidencia de la República y la empresa DTCG S.A., el “Jefe de Despacho de Asesoría para Asuntos de Infraestructura de la Presidencia de la Republica, será el encargado de dar seguimiento a la ejecución del contrato y la orden de compra, así como recibir el servicio adjudicado”.
Para poder saber quién es el asesor presidencial «premiado» con ese presupuesto para renta de una oficina sobrevalorada, el equipo de Artículo 66 tuvo que adentrarse en el único documento disponible en el estatal Siscae donde solo se refiere de quien recibirá el bien en renta y luego, teniendo el cargo, procedimos a rastrearlo en la publicación oficial del nombramiento en el diario gubernamental La Gaceta.
Este beneficiario es nada menos que el exmayor general Óscar Salvador Balladares Cardoza, quien fue separado del ejército en 2013. En su momento se dijo que Ortega dio la orden de su retiro para evitar la salida de Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército, sancionado por Estados Unidos y aliado incondicional de la dictadura.
El cargo de asesor para Asuntos de Infraestructura con rango de ministro le fue otorgado el mismo año de su retiro, según comprobamos en La Gaceta, donde figura el acuerdo presidencial número 271-2013.
