El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «el cierre ilegal» del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, instalaciones que ahora son ocupadas como un centro de entrenamiento militar por el régimen de Nicaragua.
La exdirectora del instituto, Haydée Castillo, aseguró que «la dictadura Ortega-Murillo expulsó a casi todo el equipo miembro de la organización al exilio solamente por defender los derechos humanos y educar a los ciudadanos para que pudieran tener un mejor futuro en la Segovia. Estamos demandando la restitución no solo de la infraestructura sino que también de la posibilidad de seguir trabajando» expresó la activista.
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«En Nicaragua el orden democrático está demolido de tal manera que existe la completa negación de derechos humanos y para que esto les funcione a quienes no quieren soltar el poder obviamente también eliminan los controles internos y los institutos independientes como fiscalizadores de las violaciones a los derechos ciudadanos. En Nicaragua tienen demolida la posibilidad de que un órgano independiente los fiscalice y los ponga en su lugar», expresó el miembro del Colectivo Nunca Más Gonzalo Carrión.
Según el abogado y activista lo que el régimen hace al cancelar la personalidad jurídica de estas organizaciones no gubernamentales es evadir sus responsabilidades en cuestión de prevalencia de los derechos. «El régimen busca escapatoria, busca evadir controles nacionales e internacionales escudándose bajo la soberanía para violar los derechos humanos de sus habitantes» refirió.
Castillo también destacó la campaña liderada por mujeres a nivel mundial en la que demandan la liberación de los más de 150 presos políticos y denuncian la situación en la que se encuentran Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Tamara Dávila y Suyen Barahona, quienes cumplen medio año como rehenes de la dictadura. En el informe elevado a la CIDH también denuncian la situación de los detenidos.
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«Los presos políticos no han cometido ningún delito sino que al igual que esta fundación han defendido sus derechos y eso los ha convertido en víctimas de la represión de Ortega», añadió Castillo.
La petición demanda ante la organización internacional que se hagan esfuerzos por la restitución de la personalidad jurídica de la institución en defensa de los derechos de las mujeres y los movimientos socioambientales, el restablecimiento de la infraestructura de la organización y la liberación de los más de 160 presos políticos del régimen de Ortega.
