La organización de investigación internacional Civicus detalla en su más reciente informe que Nicaragua ha bajado de ser un estado «represivo» a «cerrado». Esa calificación la comparte con regímenes como Cuba, China, Irán, Arabia Saudí y Siria. El escrito refleja que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas han motivado también el descenso de calificación.
Según la investigación, «la calificación de “cerrado” es la peor que puede recibir un país, en el continente americano solo hay otro país con la misma calificación: Cuba. Un país con el espacio cívico “cerrado” significa, en realidad, que prevalece una atmósfera de miedo y violencia, donde se encarcela y se ataca a la gente de forma rutinaria por ejercer sus derechos cívicos de asociación, libre reunión y expresión. China, Arabia Saudí, Irán y Siria también se consideran países con el espacio cívico “cerrado”».
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El estudio sobre sobre el estado de la sociedad civil y las libertades cívicas en 196 países refiere que el motivo de esta baja en la calificación del país centroamericano es debido a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de supuestos opositores al gobierno, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y los ataques a los medios de comunicación.
«El Civicus Monitor está especialmente preocupado por las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en Nicaragua. Desde mayo, el gobierno ha detenido a 39 personas consideradas opositoras al gobierno, entre ellas candidatos presidenciales, líderes estudiantiles, abogados defensores y periodistas», dice el comunicado en el que denuncian las condiciones en las que se encuentran los rehenes de la dictadura.
Mantienen que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua «operan en un entorno cada vez más hostil». Entre julio y agosto de 2021, las autoridades ordenaron el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, entre ellas grupos de mujeres, organizaciones humanitarias y varias asociaciones médicas.
En cuanto a la libertad de expresión aseguran que es un situación que ha empeorado debido a que alrededor de 26 periodistas se han visto obligados a huir del país en los últimos meses. Sumado a la vigilancia generalizada y la autocensura «que se ha convertido en algo habitual». Los reporteros han sido objeto de ataques personales y, al menos, 16 han sido citados como testigos en investigaciones contra grupos de la sociedad civil y amenazados con cargos si se negaban a hablar sin la presencia de abogados.
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El comunicado hace mención a la situación de el diario La Prensa y Confidencial a quienes les allanaron sus instalaciones y ejercieron persecución en su contra. Además, que el régimen ha prohibido el ingreso al país de los medios de comunicación internacionales especialmente durante la cobertura del proceso electoral.
La investigadora del espacio cívico de las Américas en Civicus, Débora Leão, durante la presentación del informe, expresó que «la censura, la vigilancia y las agresiones a las libertades periodísticas están a la orden del día en Nicaragua. El gobierno de Ortega está violando los derechos de los profesionales de los medios de comunicación, ya que las autoridades infringen persistentemente el derecho a la libertad de expresión. Los derechos políticos también están siendo vulnerados, las medidas de restricción informativa privan al público del acceso a la información y hacen que las voces de la oposición sean silenciadas».
Sostienen que en toda América el panorama de las libertades cívicas es «desolador». Las calificaciones de los países han empeorado en toda la región, y Haití. Igualmente, ha bajado de categoría tras la prolongada agitación política y el aumento de la inseguridad, pero Nicaragua y Cuba se mantienen a la cabeza de estas situaciones en la región.
