Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que prevalecen en Nicaragua, perpetradas por el aparato represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Este siete de noviembre se realizarán unas cuestionadas elecciones generales en Nicaragua «en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018», señalaron las entidades en el documento titulado «Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos».
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Las organizaciones firmantes del documento son: Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), CIVICUS, Human Rights Watch, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Organización Mundial Contra la Tortura, People in Need, Red Internacional de Derechos Humanos y Women’s Link Worldwide.
Los grupos defensores subrayaron que «mientras el presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido».
«Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, facilitada por la falta de independencia judicial y por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional» resaltaron las organizaciones.
Entre los señalamientos incluyen las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Explicaron que desde el 28 de mayo de 2021 la Policía «ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas».
Puntualizaron que «muchos (presos políticos) han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional».
El segundo argumento que plasmaron en el documento es la falta de independencia judicial y violaciones al derecho de acceso a la justicia, donde aseguran que «las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios».
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Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa también están en la lista. Los grupos internacionales afirmaron que «las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión».
Agregaron que «entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018».
Las organizaciones firmantes manifestaron que la «Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros» y la «Ley Especial de Ciberdelitos» son normativas represivas que utiliza el régimen Ortega-Murillo para restringir severamente la libertad de expresión y de asociación.
La cuarta razón que expusieron fue lo referente a las violaciones a los derechos políticos, debido a que «el gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos».
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«El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad», reiteraron.
En la última premisa del documento abordaron la falta de garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Nicaragua, pues «en respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos».
Por lo tanto, «el reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral».
Demandas de las Organizaciones Internacionales al Estado de Nicaragua
Las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos firmantes, le demandan a la dictadura de Daniel Ortega acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos.
Asimismo, le solicitaron al Estado de Nicaragua garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas antes y durante el contexto electoral.
Le demandan a la dictadura proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral.
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«Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la crisis de derechos humanos», detallaron las organizaciones firmantes.
