El experto electoral y economista Harry Chávez enfrenta proceso judicial bajo la Ley 1055 conocida como «Ley de Soberanía» y la Ley Especial de Ciberdelitos, acusándolo de realizar supuestas publicaciones en sus redes sociales. Sus familiares niegan esta acusación señalando que no existen pruebas que la sustenten.
Chávez, quien trabajó en el extinto Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) fue capturado por dos sujetos de civil el seis de noviembre, a pocas horas de las elecciones generales en las que Daniel Ortega se autoasignó cinco años más en la silla presidencial. Desde entonces, el opositor permanecía encarcelado y sin ningún proceso judicial y este miércoles fue trasladado al Sistema Penitenciario de Managua, mejor conocido como «La Modelo», sin ninguna notificación ni sentencia.
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En el sistema electrónico del Poder Judicial no se muestra la acusación hacia el experto electoral, pero un familiar dijo a Artículo 66 que Chávez está criminalizado bajo el delito de «conspiración y apología para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real por el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de información y la comunicación, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Art. 100, 101 y 102 del Código Procesal Penal».
El medio de comunicación Confidencial, citando a un pariente, publicó que Chávez se encuentra «bien preocupado y confundido» porque la acusación en su contra «no tiene sentido y no hay nada», añade su familiar.
Chávez desempeñó el cargo de coordinador del programa electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia hasta el 2017 pues su personería fue cancelada junto a otras ocho organizaciones en diciembre de 2018. Cuando la Policía allanó las oficinas de la organización Chávez ya se encontraba jubilado.
Sus familiares denuncian que la Policía mantiene completamente aislado al opositor, pues no ha tenido comunicación con su familia, ni se ha podido verificar su integridad al igual que la mayoría de detenidos por la dictadura Ortega-Murillo. Actualmente Chávez realizaba algunas consultorías como contador independiente y nunca formó parte de alguna organización política, declaró su familiar al medio digital.
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«Tampoco había recibido amenazas o seguimiento por parte de la Policía o personas de civil» afirma su familiar quien dijo que se encuentran preocupados por el estado actual del rehén del régimen pues es una persona de 64 años con afectaciones de salud debido a su edad.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado este proceso como «abuso de autoridad» porque en los penitenciarios permanecen las categorías de procesados y condenados. Estos procesos judiciales permanecen ocultos del sistema digital del Poder Judicial, por lo que no existe no hay registro de las causas y se desconocen los procesos de estos.