El Consejo Supremo Electoral (CSE), al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asignó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 75 diputados ante la Asamblea Nacional, lo que supone que el partido de Gobierno mantendrá por cinco años más el poder para aprobar y derogar leyes a favor de la pareja dictatorial.
La proclama de electos divulgada por el Poder Electoral divide las 91 diputaciones de la siguiente manera: al FSLN le asigna 75 curules, al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 10 –incluida la diputación constitucional al candidato presidencial que ocupó el segundo lugar en la votación–, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Partido Liberal Independiente (PLI), dos cada uno; Alianza por la República (Apre) y Yatama, uno para cada partido.
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El CSE le asignó 15 de los 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) al FSLN, dos al PLC y uno cada uno al Apre, PLI y ALN.
Propagandistas, premiados con diputación
La mayoría de los diputados electos del partido de Gobierno llevan décadas consumiendo el dinero del erario. Ortega también premió a dos fieles propagandistas del régimen que ensalzan los «avances» de la administración Ortega-Murillo desde el estatal Canal 6 en sus programas de televisión.
Los periodistas Adolfo Pastrán Arancibia y Moisés Absalón Pastora se estrenarán como diputados del FSLN en la Asamblea el próximo nueve de enero de 2022, día que tomarán promesa de ley por parte de los orteguistas magistrados del Poder Electoral.
El CSE despojó de forma oficial del único escaño la diputado departamental por Managua que le había asignado al partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) en las votaciones del siete de noviembre. El excandidato presidencial y presidente de esta agrupación política, Guillermo Osorno, denunció «irregularidades» en el proceso.
El diputado de Yatama Brooklyn Rivera Bryan fue el único curul designado al partido regional. Fue muy criticado entre los opositores por haber votado a favor de los candidatos a magistrados del CSE propuestos por la bancada sandinista. Rivera justificó su voto favorable a la amistad que mantiene con el magistrado Lumberto Campbell, sancionado por Estados Unidos y señalado de «abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción».
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El Poder Electoral le asignó al Apre una curul a la actual diputada Wendy Guido, la suplente de Alfredo César que llegó al Parlamento por el extinto Partido Conservador (PC) y fue reelecta bajo la bandera liberal del partido de Carlos Canales, una agrupación satélite. Guido propuso como magistrado al CSE a Leonzo Knigth Julian que fue electo por la aplanadora sandinista, su partido la amonestó y expulsó por esa decisión. Winston Betanco, antiguo directivo del PC, también fue designado por esta misma agrupación política como diputado ante el Parlacen.
Alejandro Mejía Ferreti, presidente del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), fue reelecto como primer diputado nacional por su partido. En esa misma agrupación política fue designado como diputado por Managua Harold Sánchez Chamberlain, un hombre cercano al aspirante presidencial y actual preso político Medardo Mairena. Sánchez compitió en las elecciones del 2016 como primer candidato por Masaya. El nuevo diputado dijo que no mantenía relaciones políticas con el ALN, pero que los unía una relación de amistad con Ferreti.
Ocho de los diez candidatos a diputados propietarios y suplentes a la Asamblea Nacional y al Parlacen por el PLC fueron reelectos, según el orteguista CSE. Corresponden a los parlamentarios María Haydée Osuna, Lesther Flores, Reynaldo Altamirano, Ligia Arauz, Roberto José Lira, Socorro Reyes, Ludendorff Rosales y Carlos García. Los votos para la reelección de diputados no le alcanzaron a Rosa Argentina Navarro y Ruth del Socorro Cerda.
El régimen Ortega-Murillo fue a elecciones nacionales ajustadas a su medida. Canceló la personalidad jurídica a tres partidos políticos, eliminando con esa acción la casilla de las principales agrupaciones opositoras: Coalición Nacional y Alianza Ciudadana.
Además, mandó a encarcelar y abrir juicios en contra de más de 40 líderes opositores, empresarios, estudiantes, exdiplomáticos, campesinos, periodistas, empresarios y defensores de derechos humanos. Los resultados de las votaciones fueron desconocidos por unos 40 países de la comunidad internacional.