El régimen de Daniel Ortega denunció este viernes la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció su salida de ese organismo, después que sus elecciones del 7 de noviembre fueran declaradas ilegítimas por los Estados miembros. El procedimiento para que el régimen retire a Nicaragua de la OEA llevará dos años. El anuncio fue dado por el canciller Denis Moncada en representación de Ortega.
Luego de la sanción de Estados Unidos al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, el presidente Daniel Ortega se vio obligado a convertir en la nueva “todo poderosa” a María Estela Martínez Cerrato. La funcionaria fue nombrada este día en el cargo de viceministra de Energía y Minas y la firma autorizada de ese ente estatal. También pasó a ser la presidenta de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
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En la Junta Directiva, Ortega también colocó a sus otros ministros recién nombrados en sustitución de los sancionados. A Martínez Cerrato también se le otorgó la representación de las acciones del Estado en la compañía Dissnorte-Dissur, junto a Santiago Hernán Bermúdez Tapia.
En medio de las movidas en el sector energético, la Asamblea Nacional aprobó este viernes una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para reorientar las funciones del recién sancionado y presidente de esa institución, José Antonio Castañeda Méndez. Ortega mandó la reforma con trámite de urgencia para establecer que «la dirección, administración y representación legal del Instituto estará a cargo de un Consejo de Dirección», y avizorando una nueva sanción, la reforma señala que ese Consejo podrá «delegar parcial o totalmente la representación legal y atribuciones administrativas en cualquiera de sus miembros».
El informe 2021 presentado por la firma encuestadora internacional Latinobarómetro afirma que el régimen de Daniel Ortega es «constituido como una dictadura que llegó por las urnas», pero se hace acompañar de las fuerzas armadas. El documento destaca que Ortega y su Policía Nacional encabezan la lista de corruptos en América Latina. El estudio revela que la Policía de Nicaragua representa un 46 % en cuanto al índice de corrupción. Solo lo superan Ortega y sus funcionarios con un 58 % de percepción de corrupción a nivel latinoamericano. Todos estos sectores carecen de credibilidad a nivel mundial.
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La Iglesia católica de Nicaragua le recordó a la dictadura que quienes se arrogan el poder público, por derecho o de facto, también tienen la responsabilidad de procurar el bien común en la nación, sin distinción alguna. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua señaló que nadie deber ser “obligado a actuar contra su conciencia”, y explicó que el bien común implica que todos los ciudadanos puedan vivir en tranquilidad de que sus derechos sean respetados.
Esta semana, el régimen le quitó funciones al nuncio apostólico de la Santa Sede, cargo que ocupa Waldemar Stalisnaw, al anularle la facultad de ser decano del cuerpo diplomático en Nicaragua, lo que, según expertos, es un «revanchismo» por la posición de la Iglesia en contra de la represión gubernamental.
