Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo niegan que las sanciones de Estados Unidos afectan el funcionamiento de su Gobierno, lo cierto es que los cambios en los ministerios se hacen evidentes cada vez que la administración norteamericana amplía su lista de corruptos y violadores de derechos humanos de la administración nicaragüense.
Ortega se vio obligado a designar a nuevos funcionarios de la dictadura después que tres de sus personeros fueran incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro.
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El Acuerdo Presidencial 192-2021, publicado este 19 de noviembre en La Gaceta, Diario Oficial, nombra a María Estela Martínez Cerrato en el cargo de viceministra de Energía y Minas tras la sanción a Salvador Mansell, titular del ente estatal.
Sanciones por partida triple contra el régimen de Nicaragua
«En sus competencias está la firma de todos los documentos relacionados a la rectoría y normación de los sectores eléctrico, hidrocarburo y minero competencia del Ministerio de Energía y Minas; así como todos los documentos necesarios para la correcta administración y funcionamiento del Ministerio, incluyendo los referidos a desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, y los derivados de la suscripción, ejecución, evaluación y cierre de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan», explica la nota oficial del régimen de Ortega.
Daniel Ortega hizo los nombramientos del sector energético y cambió la directiva completa de Enatrel. Martínez Cerrato pasó a ser la todo poderosa del sector energético, incluyendo las acciones del Estado en la compañía Dissnorte-Dissur.
Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas (MEM); José Castañeda, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); y Rodolfo Gutiérrez, Director Gerente de la distribuidora eléctrica Disnorte-Dissur, fueron sancionados el 15 de noviembre por la administración de Joe Biden.
Las sanciones del Departamento del Tesoro a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vinculados al sector energético, podrían afectar la construcción de una planta generadora de gas natural en Puerto Sandino, en el departamento de León, al occidente de Nicaragua.
La empresa de capital estadounidense New Fortress Energy, encargada de la construcción de la planta, valorada en unos 700 millones de dólares, dice estar seguro de los riesgos que acarrea la relación con los funcionarios norteamericanos por la restricción que trae la designación de los servidores públicos nicaragüenses.
«Nicaragua ha experimentado recientemente desafíos políticos y económicos. En concreto, en 2018, se aprobó una legislación estadounidense para restringir la ayuda de dicho país a Nicaragua. En 2018, 2019 y 2020, las autoridades gubernamentales estadounidenses y europeas impusieron una serie de sanciones contra entidades e individuos asociados con el gobierno de Nicaragua y Venezuela», explica New Fortress ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.
También hubo cambios en Hacienda
La dictadura Ortega-Murillo nombró viceministro de Hacienda ayer, 17 de noviembre, a Bruno Gallardo Pallavicine a través de un decreto presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. La decisión del régimen se dio dos días después que Estados Unidos inhabilitara financieramente al titular de esa cartera Iván Acosta y más recientemente a José Adrián Chavarría Montenegro, quien ocupaba el viceministerio de esa entidad.
Gallardo cobró un millonario cheque del extinto banco Interbank en 2001. El sonado caso de saqueo sandinista incluyó a Gallardo, quien era el principal accionista de la empresa Cobranzas Globales 2001 S.A., una compañía creada el seis de noviembre del 2000, tres meses después que el banco fuera intervenido en aquella época, según una investigación periodística del extinto El Nuevo Diario.
