Estados Unidos impuso sanciones contra la Fiscalía de Nicaragua y nueve altos funcionarios orteguistas, a quienes vincula con corrupción, violación a los derechos humanos y de financiar la represión de 2018.
En la lista incluyó a los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Estelí y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
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También figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Ángel Montenegro Espinoza; el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro y Mohamed Lashtar, embajador de Nicaragua ante Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Como consecuencia de la designación del Tesoro, a estos operadores les quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
La oposición celebró la medida que llegó tan solo una semana después de la farsa electoral. Estas son las declaraciones de Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
Los dardos de la administración de Biden estuvieron dirigidos al Ministerio Público, a cargo de la ya sancionada por EE. UU. fiscal general de la República, Ana Julia Guido. A la Fiscalía la designan por ser responsable o cómplice de ejecutar acciones políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
El Ministerio Público «ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense», detalla el Departamento del Tesoro.
A los alcaldes Sadrach Zeledón, Leónidas Centeno y Francisco Valenzuela los acusan de participar activamente en la represión en complicidad con policías y paramilitares. Incluso, a Valenzuela lo señalan de ordenar colocar francotiradores para apuntar contra los manifestantes de Estelí.
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Este lunes también Reino Unido anunció nuevas sanciones contra ocho funcionarios del régimen de Nicaragua, encabezando la lista la vicemandataria Rosario Murillo.
La acompañan los operadores políticos Lumberto Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral, la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, los comisionados de la Policía Juan Valle Valle y Fidel Domínguez; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; todos ya sancionados por Estados Unidos. Los argumentos son los mismos. Esos funcionarios o son corruptos o violadores de los derechos humanos.
Reino Unido reiteró su llamado para que el régimen libere de forma inmediata e incondicional a todos los líderes de la oposición y otros presos políticos en Nicaragua, y el restablecimiento completo de todos sus derechos civiles y políticos.
En este mismo escenario, la Unión Europea empezó a discutir la pronta imposición de nuevas sanciones contra dirigentes políticos y económicos del orteguismo.
El tema fue incluido a petición de España, donde su ministro de Asuntos Exteriores adelantó que la Eurocámara debe reaccionar ante la «burla a la democracia» realizada en Nicaragua el siete de noviembre de 2021, donde el Consejo Supremo Electoral impuso a Daniel Ortega y Rosario Murillo por cinco años más al frente de Nicaragua. Esto dijo el canciller español José Manuel Albares a su entrada al Consejo de Ministros de la UE.
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En horas de la tarde Canadá también se sumó a aplicar más sanciones contra once funcionarios de la dictadura de Nicaragua. Incluyó a los mismos que designó este día Estados Unidos, donde están los alcaldes de Estelí, Jinotega y Matagalpa; y a dos que aún no figuraban en su lista: la presidenta del Poder Judicial y el asesor económico Bayardo Arce.
Canadá tituló su nota de prensa como tercer round de sanciones. Argumentó que Ortega se encamina cada vez más al autoritarismo y denunció que el régimen le ha robado al pueblo nicaragüense su derecho humano fundamental a votar en elecciones libres, justas e inclusivas.