Corrupción, financiamiento a la represión y violación a los derechos humanos en Nicaragua, estas acciones forman parte de las razones por las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó este lunes, 15 de noviembre, sanciones individuales a nueve altos funcionarios del régimen orteguista y al Ministerio Público.
El Gobierno de Joe Biden especificó que cada uno de los funcionarios de la dictadura orteguista que engrosan su lista negra son calificados como delincuentes, lo que incluye negarles la entrada al país norteamericano y congelarles los bienes que tuviesen en el país norteamericano.
Según Estados Unidos, el Ministerio Público de Nicaragua, dirigido por la —ya sancionada por EE. UU.— fiscal general de la República, Ana Julia Guido, está designado por ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
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Además señala que basándose Ley 1055, Ley de Soberanía, el MP «ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense».
Otro de los argumentos que el gobierno de Biden tienen para sancionar a la institución pública de Nicaragua, es que en junio de 2021, la entidad utilizó la Ley 1055 para que la principal candidata presidencial de la oposición, Cristiana Chamorro quedara inhabilitada del proceso electoral.
«El Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos detenidos desde junio de este año en el período previo a las simuladas elecciones de noviembre», agrega.
También afirman que la Fiscalía es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas.
Cómplices de la dictadura
En cuanto a las fichas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se detalla que Luis Ángel Montenegro Espinoza, el superintendente de bancos, ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055 por ser objeto de una investigación.
Además refieren que en abril de 2020, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), al mando de Montenegro, emitió un reglamento que implementa las reformas de febrero de 2020 a la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, que prohíbe a los bancos en Nicaragua, sin razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a sus clientes.
En cuanto a José Adrián Chavarría Montenegro, Estados Unidos refiere que este reemplazó como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al sancionado Iván Adolfo Acosta Montalván, «quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega» que sirvió para reprimir al pueblo nicaragüense.
Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director Gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR) y está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua.
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José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Mohamed Farrara Lashtar, embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Lashtar está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua. Está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Señalados de reprimir al pueblo nicaragüense
Estados Unidos también extendió sus sanciones a alcaldes de Matagalpa, Jinotega y Estelí, a quienes señala de reprimir al pueblo nicaragüense durante y después las protestas sociales de 2018.
Al primero que mencionan es al orteguista Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de la ciudad Matagalpa. «Zeledón contribuyó a la violencia infligida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018», indica el texto divulgado.
Además, refieren que el edil matagalpino está vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía proOrtega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes.
En cuanto a Leónidas Centeno Rivera, alcalde de Jinotega, el gobierno estadounidense afirma que «está directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018».
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«En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas, y miembros del personal de la alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes», agregan.
Mientras que a Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí, señalado de ordenar colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018.
Este nuevo golpe al régimen de Nicaragua se da luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del domingo siete de noviembre, donde el Consejo Supremo Electoral (CSE) impuso a la pareja presidencial Ortega y Murillo por cinco años más el país.
