Previo y tras el cuestionado proceso electoral que llevó a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se registró una cacería de opositores en distintos departamentos de Nicaragua contra los que ahora se han convertido los nuevos presos políticos de la dictadura. En Morrito, San Carlos y Managua se reportaron una serie de allanamientos que terminó con varios líderes territoriales y jóvenes en la cárcel.
La Policía del régimen ordenó la detención de Armando Robles, coordinador de la Alianza Cívica en Morrito, Río San Juan, señalaron fuentes anónimas. El opositor fue apresado el sábado, seis de noviembre, a eso de las 6:45 p.m. cuando estaba con su familia afuera de su vivienda.
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Los denunciantes explicaron a Artículo 66 que oficiales de la Policía se presentaron a su domicilio, preguntaron por Robles, él se identificó y le pidieron que subiera al vehículo policial. «No lo golpearon, el señor (policía) lo montó y se lo llevaron. Nunca nos dijeron por qué (lo detuvieron). Lo sacaron del frente de su casa», relató la fuente.
El 12 de noviembre a las 12:40 de la tarde fue sacado de la estación policial y trasladado a la estación policial de San Carlos en el departamento de Río San Juan.
El caso de Samantha Jirón
Samantha Jirón, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), desapareció desde el mediodía del martes, nueve de noviembre, después de haber sido supuestamente interceptada por agentes policiales vestidos de civil, en las inmediaciones del Hotel Holiday Inn, en Managua. La opositora está detenida en el Distrito III en Managua. Fue llevada a los juzgados y la señalan de «ofender a la sociedad nicaragüense y al Estado».
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La joven estudiante de 21 años salió de su casa, ubicada en Masaya, en horas de la mañana del nueve de noviembre, con el fin de brindar una entrevista a un medio de comunicación y a su vez realizar unas gestiones bancarias, sin embargo, la última comunicación que tuvo Samantha con su mamá fue pasado el mediodía.
La joven estudiante estuvo trabajando junto al aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga, secuestrado por la Policía orteguista el ocho de junio, y se había mantenido activa en las redes sociales denunciando las violaciones de derechos humanos cometidos por la administración sandinista. En el 2018, tuvo que exiliarse en Costa Rica y en julio de 2020 regresó al país para continuar sus estudios universitarios.
Los detenidos del CxL
El extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que cuatro dirigentes de su agrupación fueron detenidos entre el 30 de octubre y el seis de noviembre en el departamento de Río San Juan. CxL argumentó que otros dos líderes de su partido han tenido que salir forzosamente al exilio para resguardar sus vidas por la intensa persecución del partido de Gobierno.
Los encarcelados son: Moisés Salinas, concejal por El Almendro; Araldo Manzanarez, líder local; Esteban Paniagua Espinoza, tesorero municipal de San Carlos; y Cándido Sánchez López, responsable de organización en San Carlos. Rubel Araldo Manzanarez, un líder territorial del municipio de El Almendro, fue detenido el seis de noviembre en su casa a eso de las seis de la noche mientras compartía los alimentos con sus hijos.
Unamos denuncia cinco detenciones
El joven Muammar Vado estaba en su casa en Managua como cualquier otro día. Era el seis de noviembre de 2021, un día antes de la farsa electoral que montó la dictadura para ungirse por cinco años más en la silla presidencial. El joven miembro de Unamos denunció minutos antes en sus redes sociales que la Policía lo detendría y allanaría su vivienda. Ahora se suma a la lista de presos políticos de la dictadura.
«Se reportan varias capturas, allanamientos, acechos y amenazas; acciones que muestran el temor de la dictadura ante el repudio nacional e internacional que vive. Entre los detenidos anoche (seis de noviembre) hay cinco miembros de Unamos», informó en un comunicado.
Estos once opositores se sumarían a los 159 presos políticos que la dictadura Ortega-Murillo mantiene tras las rejas. La cifra continuará aumentando a medida que las detenciones continúen en todo el país como una medida represiva de Ortega y Murillo contra las voces disidentes.