El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones individuales a nueve altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este nuevo golpe a la dictadura nicaragüense se da luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del domingo, siete de noviembre, donde la pareja presidencial consumó su cuarto mandato en la Presidencia del país por cinco años más.
Los sancionados en esta nueva ronda de la administración estadounidense son: el Ministerio Público de Nicaragua, dirigido por la fiscal general de la República Ana Julia Guido, ya sancionada anteriormente; José Antonio Castañeda, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa; Leónidas Centeno Rivera, alcalde de Jinotega; José Adrián Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público.
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La lista de funcionarios sancionados la completan Mohamed Farrara Lashtar, asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y Países Árabes; Rodolfo Francisco López Gutiérrez, gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua; Francisco Ramón Valenzuela Blandón, alcalde de Estelí; Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas; y Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos.
Estos nuevos sancionados se unen a la lista de funcionarios del régimen de Daniel Ortega que ya fueron designados en la lista de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Funcionarios del Gobierno de Joe Biden anunciaron el 29 de octubre que trabajaban para aplicar nuevas sanciones a operadores del régimen orteguista, de cara a las elecciones presidenciales del siete de noviembre, donde el dictador Daniel Ortega buscaba un cuarto periodo consecutivo en la Presidencia.
Los funcionarios consultados advirtieron que la membresía de Nicaragua en el acuerdo comercial regional DR-Cafta que otorga un trato preferencial a las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos, está en peligro porque Ortega manipuló las elecciones a su favor. El acuerdo comercial será revisado por la reciente aprobada Ley Renacer, firmada el 10 de noviembre por el presidente Biden.
Estas sanciones implican que todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, le congelan sus bienes y activos.