Más de 30 organizaciones que conforman el mecanismo de coordinación de exiliados y de la diáspora en Costa Rica analizaron el proceso de votación que se realizó en Nicaragua.
La especialista Elvira Cuadra explicó cómo Ortega se ha valido de las instituciones del Estado como la Policía y el Ejército de Nicaragua «para mantenerse en el poder», además de fabricar leyes represivas y espurias par convertirse en un «régimen autoritario».
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«Cuando Ortega llegó al poder en el 2007, sabía que llegaba con un baja legitimidad y por lo tanto creó un sistema de aparato de represión y vigilancia sobre la sociedad nicaragüense. Este conjunto de aparatos de represión estaba constituido por instituciones públicas como la Policía, además se valió de grupos de choques que existían antes del 2018 o los Consejos del Poder Ciudadano», explicó Cuadra.
Etapas de represión de la dictadura
Según Cuadra, desde el 2018 los nicaragüenses han vivido 18 etapas de represión ejecutadas precisamente por instituciones públicas que «se convirtieron en meros aparatos de represión y perdieron su naturaleza de instituciones nacionales, o sea que ya no responden a la ciudadanía, sino a un proyecto personal, a un proyecto familiar», de los Ortega y Murillo.
Refiere que los últimos ataques que ha perpetuado la dictadura han sido en contra de la Iglesia católica, opositores y precandidatos presidenciales, a quienes
actualmente mantiene secuestrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como «El Nuevo Chipote», en Managua.
«En estos momentos (Daniel) Ortega ejecuta tres grandes escenarios, primero que Ortega ahora forma parte de los presidentes autoritarios que no solo ponen a la democracia de una manera frágil, sino de alto riesgo en términos políticos, en segundo lugar que los únicos recursos para sostenerse en el poder son el recurso de la Policía, el Ejército y los paramilitares y un tercer elemento que va más allá de lo que disponga el propio Daniel Ortega tiene que ver con un término social que es el exilio y la migración de más nicaragüenses», explicó la especialista.
Repercusiones de las votaciones de Ortega
Por su parte, el opositor y exdiputado Miguel López Baldizón, exiliado en Costa Rica, explicó que las votaciones del siete de noviembre se deben de interpretar como «un no, como un basta ya del pueblo y prueba de ello fue la abstención. Fue un rechazo total a un régimen que no ha asumido su rol como la Constitución lo establece y que de una vez lo declara de ilegítimo y quienes fueron los primeros en reafirmar esa ilegitimidad fue el mismo pueblo el siete de noviembre».
El politólogo agregó que después de las votaciones en Nicaragua se debe avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, luego que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deslegitimaran las votaciones ende Ortega.
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Por su parte, la también exdiputada Edipcia Dubón, exiliada en Costa Rica, manifestó que la declaración aprobada por la OEA evidencia claramente que las elecciones no fueron justas, libres y transparentes y que no cumplieron los estándares internacionales.
«Ahora Ortega se enfrenta a un desafío que es tratar que algunos organismos internacionales reconozcan los resultados de esas votaciones como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, pero estos organismos ya han dado a conocer su desconfianza», recalcó Dubón.
La politóloga concluyó que en cuanto al supuesto «diálogo nacional» que ha anunciado desde inicio del año el dictador Daniel Ortega, «esto lo hace para ganar
tiempo mientras llega a las elecciones municipales».
Las personas participantes en el análisis de las elecciones presidenciales en Nicaragua concluyeron que no pueden aceptar unos procesos cuando Daniel Ortega mantiene a más de 150 presos políticos, no permitió observación internacional y sigue reprimiendo al pueblo nicaragüense.