La congresista republicana María Elvira Salazar, una de las impulsoras de la Ley Renacer, expresó a medios internacionales que la aprobación de la normativa «era lo menos qué podía hacer el presidente (Joe) Biden». El miércoles, 10 de noviembre, el presidente de Estados Unidos firmó la normativa que pondrá en la lupa a Daniel Ortega, sus negocios y su relación con Rusia.
«Ya la Ley Renacer está y ¿Cuál es el mensaje que le envía a los sátrapas, a los bandidos de Nicaragua —Daniel Ortega y Rosario Murillo —?, que al tener un tratado comercial con Estados Unidos no es un derecho, sino un privilegio que se le da o se le quita y lo ha perdido», expresó Salazar.
En cuanto a las penalidades que tendrá el Gobierno de Daniel Ortega, luego de haber sido reelegido por el Consejo Supremo Electoral (CSE), la congresista refirió que «ahora nadie va invertir en Nicaragua, porque todo el mundo sabe que los Estados Unidos no quieren nada con Nicaragua».
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También señaló que lo que se ha robado la dictadura orteguista, «no lo va a poder disfrutar en las calles de París y de Italia como lo hace la hija de Rosario Murillo —la sancionada Camila Ortega—, te vas a tener que quedar en Managua y en Estelí, a ver si allí te va a gustar lo que te robaste».
Ley en vigencia
Tras la aprobación de la Ley Renacer, una iniciativa de congresistas estadounidenses demócratas y republicanos, se incrementarán las sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo.
La Ley Renacer fue creada para ejercer más presión al régimen de Daniel Ortega con la imposición de sanciones específicas para promover elecciones libres y justas en Nicaragua. También se revisará la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Esta nueva herramienta de la administración norteamericana incluye sanciones económicas enfocadas para funcionarios del régimen, familiares del dictador, miembros de la Policía y fuerzas armadas; funcionarios del Consejo Supremo Electoral; miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y familiares; personas y entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas con funcionarios de Gobierno, partido o familia y personas identificadas como involucradas en actos significativos de corrupción pública en Nicaragua.
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Dicha ley ordena un monitoreo a «la corrupción del gobierno del presidente Daniel Ortega y la de su familia, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses». La normativa también requiere que el gobierno estadounidense aumente sanciones contra los actores claves del régimen de Ortega y expanda la coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.