«Una furibunda fiscal me acusó de facto de violar la Ley de Ciberdelitos, un puñal legislativo del régimen sandinista para acallar a periodistas»; esto forma parte del relato de Wilfredo Miranda Aburto, periodista nicaragüense que se vio obligado a salir por segunda vez al exilio producto de la persecución emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra quienes no pregonan el discurso de la pareja gobernante.
Miranda, de 29 años, publicó en el diario El País, medio de comunicación para el cual colabora; su artículo titulado: «Tuve que irme otra vez». Narra la travesía que le implicó su llegada a San José, Costa Rica, nación limítrofe con el sur de Nicaragua a la que entró de forma irregular, «burlando las fronteras», a como él mismo describe su salida.
Lleva más de cuatro meses en la capital tica. Los motivos, una amenaza de prisión por acusación antojadiza del aparato represivo, quien considera que las publicaciones del reportero constituyen ciberdelitos.
El ocho de junio, el ganador del Premio Rey de España 2018 con su trabajo “Disparaban a matar” compareció ante el Ministerio Público. La fiscal Heidy Ramírez pretendía obligarlo a revelar sus fuentes periodísticas que le brindaron los detalles sobre el allanamiento a la casa de Cristiana Chamorro, la principal aspirante presidencial que amenazaba con arrebatarle el poder a los Ortega-Murillo por la vía electoral antes que la dictadura le montara una supuesta acusación por lavado de dinero.
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«Nunca se me cruzó por la mente que menos de veinticuatro horas después estaría huyendo hacia el exilio otra vez», revela. Lo principal era resguardar su seguridad física. Se había jurado no volver a exiliarse, situación a la que se enfrentó en 2018, cuando la represión estatal cobró más de 300 víctimas mortales.
A cinco meses de las elecciones generales, Ortega emprendió una cacería contra opositores y periodistas independientes. Montó acusaciones por lavado de dinero y ciberdelitos. A los reporteros lo señalaban de «falsear información» y los fiscales —todos en obediencia perruna a Ortega— procedieron a hacer desfilar por el Ministerio Público a una cuarentena de reporteros, editores, directores de medios de comunicación y empresarios, que estuvieron ligados por capacitaciones, premios, consultorías o bienes vendidos a la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De esa andanada de citatorios no se escapó Miranda, aunque su interrogatorio de más de cuatro horas giró al rededor de amenazas tras mostrarle sus reportajes, uno por uno, como la prueba de sus «crímenes».
«Asistí a la Fiscalía (en calidad de testigo) y lo que menos me preguntó la fiscal Heidy Ramírez fue sobre “lavado de dinero”. Le aclaré que mi vinculación con la Fundación Violeta Chamorro consistía en consultorías brindadas bajo el marco legal de servicios profesionales, así como el pago de impuestos correspondientes. La otra parte de mi relación con la organización tuvo que ver con que, en varias ocasiones, gané el premio nacional de periodismo Pedro Joaquín Chamorro y, por lo consiguiente, recibí, como en todo certamen de esta naturaleza, compensaciones determinadas», describe en su artículo.
Las intenciones de la fiscal, subordinada al matrimonio dictatorial, iban en otra línea. «Posó frente a su rostro el móvil y comenzó a leer mis reportajes y artículos periodísticos. En ese momento fue cuando empezó a gritarme casi en la cara, mientras alternaba la bravuconería con golpes en la mesa. “¡Sos mentiroso!”», le espetaba.
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La molestia se basaba en los textos publicados en Divergentes sobre la cacería de opositores, en especial, contra la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las urnas bajo su promesa de paz en 1990.
Ramírez hurgaba sobre la información difundida en el asalto a la vivienda de la precandidata presidencial, donde Miranda especificaba que en el allanamiento los oficiales hasta arrasaron con la chequera con la que Cristiana Chamorro pagaba los gastos médicos de su madre, la exmandataria que tiene 92 años y está imposibilitada.
«La fiscal no dio tregua y siguió intentando saber quiénes eran mis fuentes en general. Me hizo preguntas sobre Carlos Fernando Chamorro, con quien yo crecí profesionalmente y trabajé muchos años en Confidencial, medio de comunicación hoy confiscado. No tenía porqué responder unas preguntas tan fuera de la órbita de la cita sobre “lavado”. En un intento más de intimidación, la fiscal sacó de una carpeta el diario oficial La Gaceta, en el que se publican las leyes en Nicaragua. El documento ya tenía un párrafo encerrado en un círculo. Ramírez me dijo que había violado un artículo de la Ley de Ciberdelitos, “por mentiroso”, y que mi condición podría cambiar de “testigo a imputado”. Fácilmente podrían imponer ocho años de cárcel, insistió en dejar claro», declara Miranda en el artículo de El País.
«A la mañana siguiente, tuve que irme otra vez… Fue una salida rápida y limpia. Iba solo, con la misma ropa que asistí a la Fiscalía. Solo alcancé a sacar de casa mi computador, megáfono indispensable», escribió el periodista originario de Nandaime, con notoria pesadumbre.