El Gobierno de Joe Biden está trabajando para aplicar nuevas sanciones a operadores del régimen de Nicaragua, en respuesta a las cuestionadas elecciones presidenciales de Daniel Ortega, reveló un funcionario estadounidense de alto rango del Departamento de Estado a la agencia de noticias Reuters. El alcance de las sanciones podría llegar a la suspensión de Nicaragua en el tratado comercial con el país norteamericano, DR-CAFTA.
El funcionario indicó que Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas para «promover la rendición de cuentas de aquellos que apoyan los abusos a los derechos humanos del régimen de Ortega y los ataques a la democracia nicaragüense» y está trabajando con socios internacionales, así como en foros multilaterales.
La congresista republicana María Elvira Salazar le reclamó a la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que a nueve días de realizarse «la farsa electoral de Daniel Ortega» aún se rehúsa a aprobar la Ley Renacer, con la cual se aceleraría el proceso de sanciones al régimen orteguista y vigilar todo tipo de financiamiento que oxigene a la dictadura. La congresista ha señalado que «hasta ahora la administración de Biden no ha hecho nada para mandarle un mensaje claro al régimen de Ortega y específicamente a Rosario Murillo, de que no se pueden robar las elecciones». Los opositores en Nicaragua han solicitado declarar ilegítimas los comicios de Ortega.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula un total de 159 reos políticos, a la fecha, incluyendo opositores arrestados antes de las protestas sociales de abril de 2018, informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El observatorio indicó que los encarcelados sufren torturas y malos tratos, lo que ha provocado un deterioro en su salud física y emocional; además, suelen presentar pérdida de peso por la inadecuada alimentación y los estados de estrés. El observatorio también alertó que dos presos políticos han sufrido derrame cerebral en el penal y sufren secuelas. Todos sujetos a procesos judiciales irregulares.
La Dirección de Migración y Extranjería ratificó la nacionalidad nicaragüense a la estadounidense Sozan Adli Mosa Saed, hija del empresario jordano, nacionalizado nicaragüense, Adli Musa Farhood, señalado por el antiguo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, de ser parte de un grupo de seis empresarios palestinos que viven en Nicaragua supuestamente ligados al lavado de dinero, contrabando, tráfico de personas y a la recolección de fondos para organizaciones violentas como el movimiento radical Hamás, según medios nacionales.
Las instituciones de la dictadura de Daniel Ortega presentan debilidad en la lucha contra el lavado de dinero, debido al control político y «opacidad» de sus actuaciones, explicaron expertos de la región durante el conversatorio sobre «Amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de dinero en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua», realizado este día, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos.
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Lamentaron que «los regímenes con vocación autoritaria no construyen instituciones, sino que debilitan instituciones, por eso es importante el tema de política de persecución y de acuerdos regionales que permitan establecer mecanismos para evitar que las instituciones puedan ser utilizadas con fines de persecución política».
