Estados Unidos demandó al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respectivamente.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, denunció este sábado, 23 de octubre, que los líderes del sector privado fueron detenidos «bajo los mismos cargos falsos utilizados para encarcelar docenas de miembros de la sociedad civil y otros nicaragüenses».
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, fue detenido arbitrariamente, tras salir de las instalaciones de la Fiscalía en Managua, donde fue citado para una «entrevista» reprogramada, el jueves, 21 de octubre.
Al igual que Healy, su segundo al mando en la organización empresarial, Álvaro Vargas, fue llamado a presentarse ese día al Ministerio Público, como un preludio de su inminente arresto. El régimen no esperó la llegada de Vargas a la Fiscalía y lo detuvo en su vivienda.
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En tiempo récord, ambos fueron sometidos a audiencias especiales y encarcelados hasta por 90 días, señalados de supuesta «traición a la patria», según la ley orteguista 1055, y lavado de dinero.
La arremetida ocurrió un día después que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución en la que demanda al régimen orteguista la liberación de los más de 150 presos políticos y la celebración de elecciones libres; además, deja abierta la posibilidad que el organismo adopte medidas alternas para el restablecimiento de la democracia en el país y que el tema de Nicaragua se aborde en la Asamblea General en menos de un mes.
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El viernes, 22 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, destacó que su país ha sido clave para «condenar las acciones antidemocráticas» del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y prometió continuar junto al resto de países vigilando la situación en Nicaragua.