La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamericana y República Dominicana (FECAICA) señaló que las detenciones en Nicaragua de Michael Healy, Presidente y Álvaro Vargas, vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), son acciones que van en contra del desarrollo económico del país y que provocan inestabilidad política y social.
«Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para Nicaragua, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica» aseguró el gremio empresarial, por medio de un comunicado, este jueves 21 de octubre.
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FECAICA condenó los arrestos de los empresarios nicaragüenses Healy y Vargas; y sostuvo que estos hechos «violentan los derechos humanos reconocidos universalmente y los individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua».
El sector industrial añadió que «las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses deben ser respetados», por lo tanto, «exigimos la liberación inmediata de Michael Healy y Álvaro Vargas, así como de José Adán Aguerri (quién cumple 135 días retenido) y los demás presos políticos a los que el Gobierno de Nicaragua les han negado su libertad sin fundamento».
Además, el gremio se solidarizó con el pueblo de Nicaragua, «esperando que el país retome la estabilidad y predomine la verdadera democracia».
El Cosep alegó que esas acciones represivas de la dictadura Ortega-Murillo evidencian «un ataque directo» a la empresa privada y sus principales dirigentes. «Esas acciones no contribuyen a la paz y a la seguridad de todos los ciudadanos» agregaron.
La Unión de Productores de Nicaragua (Upanic), tras la detención de los empresarios, mostró su total respaldo y compromiso hacia ambos. En un comunicado el gremio señaló que «confirmamos nuestra confianza hacia ellos y continuaremos trabajando para defender su incuestionable integridad».
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Por otra parte, en tiempo récord el Ministerio Público controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizó las supuestas audiencias de garantías constitucionales para intentar justificar las detenciones arbitrarias a los dos principales directivos del Cosep. La institución judicial amplió a 90 días el plazo de investigación para los empresarios.
A los nuevos presos políticos los «investigarán» por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos; y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. Tras los hechos recientes, la lista de presos políticos electorales asciende a 39.
