Los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá se pronunciaron ante la crisis sociopolítica que prevalece en Nicaragua y señalaron que las eventuales elecciones presidenciales del siete de noviembre «no reúnen las garantías para elecciones libres, justas, inclusivas y transparentes».
Durante el encuentro, celebrado el 20 de octubre en la Ciudad de Panamá, en una declaración conjunta los mandatarios manifestaron sus preocupaciones por el proceso electoral en Nicaragua. Ante esto, el presidente costarricense, Carlos Alvarado manifestó que los próximos comicios electorales «deben tener observación, tiene que ser transparentes, tienen que permitir la participación, es elemental pero en este caso no lo es».
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Subrayó que «deseamos la restauración de la democracia en Nicaragua y esperamos, observamos el desarrollo de los procesos para luego asumir otras posturas, pero creo que en este momento lo oportuno y lo pertinente es hacer estos llamados que estamos llevando adelante conjuntamente».
Asimismo, los tres gobernantes instaron al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a liberar inmediatamente a los presos políticos y al restablecimiento todos sus derechos civiles y políticos.
Estas declaraciones se dan en la misma línea de denuncia de los de los delegados de esos países ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes votaron a favor de una resolución que demanda la liberación de los más de 150 presos políticos, al mismo tiempo que constata el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Agregaron que la dictadura Ortega-Murillo debe adoptar medidas urgentes para la celebración de elecciones libres, transparentes y justas, tan pronto como sea posible, bajo observación internacional de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El documenta también deja abierta la posibilidad de que la OEA adopte otras medidas y se remita el tema a la próxima Asamblea General que se celebrará en menos de un mes.
El régimen de Ortega-Murillo sigue violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Este 21 de octubre fueron detenidos arbitrariamente Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y su vicepresidente, Álvaro Vargas, los cuales se suman a los más de 150 reos políticos que tiene la dictadura orteguista tras las rejas.