Dictadura orteguista protesta contra la OEA por incluir en su agenda a Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega emitió este lunes una nota de protesta contra el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por haber incluido en la agenda del 20 de octubre, la situación de Nicaragua.

«Nuestro país expresa categóricamente que no aceptamos discutir ni juzgar los actos de soberanía que el pueblo nicaragüense, en ejercicio de sus derechos fundamentales, realiza para vivir conforme nuestras leyes y normas sociales», inicia el comunicado firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La OEA anunció el viernes 15 de octubre que realizará una sesión ordinaria este 20 de octubre, respondiendo a la solicitud de las Misiones Permanentes de Canadá y Chile, para “abordar la situación en Nicaragua”.

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Ante esta petición, la dictadura catalogó de «inadmisible» que los demás Estados «juzguen a otro pueblo libre» y por ello rechazó «esta reunión ilegítima desde su nacimiento, y no participamos de ella, puesto que nuestro respeto por los derechos de los demás pueblos de nuestra América, empieza por hacer valer los derechos fundamentales de Nicaragua y los nicaragüenses».

Según la dictadura, esa reunión donde se abordará las violaciones a los derechos humanos y situación socio política del país, es una «abierta violación al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de otras naciones».

Como parte del trillado discurso del régimen orteguista, la nota de protesta concluía que esa acción que realizará la OE es una «injerencia» extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, y un «intento de menoscabar los derechos» de los nicaragüenses.

Nicaragua actualmente vive uno de los momentos más complejos de represión. La dictadura orteguista mantiene encarcelados a unos 150 reos políticos, 37 de ellos aspirantes a la presidencia, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y hasta banqueros, secuestrados en los últimos meses.

El contexto electoral

En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes y que vive una crisis política desde abril de 2018, unos 4,4 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, que busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición, incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados formó parte de la coalición sandinista.

Quienes se perfilaban como sus principales rivales por la oposición se encuentran detenidos, acusados de «traición a la patria».

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Desde junio pasado la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos los aspirantes a candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la «Contra» Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

En las elecciones no participarán, además, tres partidos políticos opositores, Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador(PC), a los que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló su personalidad jurídica bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.