Régimen de Ortega miente ante los Estados miembros de la OEA

El embajador de la dictadura de Daniel Ortega ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, brilló por su ausencia para defenderse de los señalamientos de sus pares en el organismos continental, pero sí apareció para repetir un rosario de mentiras al mejor estilo de la pareja presidencial de Nicaragua.

Ortega y Rosario Murillo continúan vendiendo esa falsa imagen de una realidad paralela en una Nicaragua donde no pasa nada. El enviado de Ortega mintió ante la OEA antes que se aprobara la resolución que exige la liberación de los presos políticos, elecciones libres, justas y transparentes; y el retorno de la democracia al país.

Artículo 66 te explica cuáles fueron las mentiras que Daniel Ortega mandó a decir en la máximo órgano político del continente americano:

“No hay presos políticos”

La dictadura aseguró que en Nicaragua no hay un solo candidato presidencial preso. Desde finales de mayo el régimen ordenó a la Policía apresar a siete aspirantes presidenciales que competirían por la candidatura única de la oposición para enfrentarse cara a cara con Daniel Ortega en las votaciones del seis de noviembre.

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Los candidatos que ahora están presos fueron señalados de «instigadores, asesinos y destructores» ante la OEA. Ahora enfrentan procesos judiciales por lavado de dinero, bienes y activos; otros son acusados por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía, un marco legal que inhibe a los opositores de aspirar a cargos de elección popular.

«Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar la economía y subvertir el orden constitucional», señaló.

Dicha ley fue aprobada a finales de 2020, en un año preelectoral y después de casi tres años de crisis sociopolítica y económica. 

Elecciones «libres»

La dictadura asegura que en Nicaragua habrá «elecciones libres» cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) es controlado por los magistrados afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Poder Electoral es cuestionado por la oposición por responder a los intereses de la pareja dictatorial.

Desde las elecciones municipales de 2008, el CSE se convirtió en un instrumento de la dictadura Ortega-Murillo para mantener el control de las votaciones en todos los niveles, también ha habido diversas recomendaciones de misiones de observación de la Unión Europea y la OEA, pero ninguna se ha puesto en práctica. 

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El CSE también sepultó la observación electoral internacional y redujo el papel a «acompañantes» que se limitan a ver de largo el proceso sin emitir criterios o recomendaciones posteriores a las elecciones.

La Ley Electoral sufrió una reforma «cosmética» que no tomó en cuenta ninguna de las recomendaciones para brindar las mínimas condiciones para unas elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas.

Todos los partidos inscritos son tildados como colaboradores del régimen, muchos de ellos no lograron ni el 2% de los votos válidos en las pasadas elecciones nacionales. Algunos solo aparecen en tiempos de campaña para acceder al reembolso electoral.

Los partidos se «autoexcluyeron»

El régimen insiste que en su proceso electoral hay pluralidad política al mencionar que 12 partidos políticos se presentarán en las elecciones del siete de noviembre. Eso también es falso, no son 12, sino 15 agrupaciones políticas que se alistan para las votaciones, nueve de ellas lo harán bajo la casilla 2 del FSLN con Daniel Ortega como candidato.

«Los partidos que se autoexcluyeron lo hicieron a voluntad propia. Uno dijo que no presentaría candidatos. Eso causa disolución de oficio. Otro hizo alianzas de hecho, con estructuras no autorizadas por sus propias instancias y a solicitud de sus dirigentes, se canceló dicha alianza, y otro, su máxima autoridad, ostentaba ciudadanía extranjera,», detalló, en referencia al Partido Conservador (PC), el Partido Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), respectivamente.

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El CSE arrebató la personalidad jurídica al Partido Conservador (PC) el 18 de mayo de 2021, días después al Partido Restauración Democrática (PRD) y el seis de agosto al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), terminando de aniquilar cualquier resquicio de oposición a la dictadura. 

Al cancelar al PRD, Ortega sacó del juego a la Coalición Nacional, el grupo opositor que aglutinaba al Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Partido Resistencia Nicaragüense, Yatama, el mismo PRD y otras agrupaciones nacidas después de abril 2018.

Dijo ante la OEA que la campaña electoral «avanza»

El régimen argumentó ante la OEA que la campaña electoral «avanza y no se detendrá», algo muy cuestionable por la reducción del periodo de proselitismo y la queja de sus mismos colaboracionistas que han denunciado las trabas que la Policía le impone para que no puedan convocar a sus eventos de campaña para promover a sus candidatos. 

«Los partidos y alianzas ya presentaron sus candidatos, y sus propuestas para la integración de las JRV, así como la integración de sus fiscales. El país camina, a paso firme, seguro, en unidad, y siempre victorioso. NO hay razón por la que ningún Estado de nuestra América, dude del patriotismo y espíritu democrático de nuestro pueblo», afirmó.

Está prohibido realizar concentraciones masivas en lugares cerrados, caravanas vehiculares y el tope máximo será de 200 personas en lugares abiertos, también tendrán que guardar dos metros de distancia entre personas, según un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud y el Consejo Supremo Electoral.

El candidato de la Alianza por la República (APRE), Gerson Gutiérrez Gasparín, se quejó recientemente porque, debido a la prohibición, no podían hacer nada para promover el voto para sus candidatos. Este mismo patrón de repite con los demás partidos políticos.