La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está usando la jornada de vacunación contra la COVID-19 a mujeres embarazadas para hacer campaña electoral en los puestos habilitados por el Ministerio de Salud (Minsa) en Managua y Carazo.
Con estas acciones, el régimen viola el artículo 107 de la Ley 331, Ley Electoral de Nicaragua que establece la prohibición del uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. «En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político», señala parte in fine del artículo.
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Las mujeres que esperaban ser atendidas en los centros médicos tuvieron que escuchar en alto parlante la música de «El comandante se queda» mientras llegaba su turno para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, la única autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las gestantes.
En Carazo, bajo un toldo habían decenas de mujeres embarazadas que ya habían recibido la vacuna, a sus espaldas colocaron una propaganda de la campaña electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la imagen de una boleta y el rostro sonriente del eterno candidato de ese partido, Daniel Ortega. Usando ese fondo y los globos rojinegros, los enviados del régimen se encargaron de fotografiar a las ciudadanas para usarlas en su campaña.
Al mejor estilo de un altar, en uno de los centro de vacunación de Carazo colocaron dos cuadros con la fotografía de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. En medio de las fotos colocaron un carruaje que simula una cuna para bebé e improvisaron un escenario para tomar fotos a las mujeres embarazadas que son vacunadas contra el COVID-19.
En el Hospital Bertha Calderón y otros centros habilitados también se colocaron chimbombas rojas y negras; banderas del FSLN y propaganda electoral del candidato Daniel Ortega.
Para investigar y sancionar este tipo de delitos electorales existe una inoperante «Fiscalía Electoral» que se encargaría de «vigilar» el cumplimento de la Ley 331. Se desconoce del funcionamiento de la misma o si los otros partidos políticos han denunciado estas irregularidades en el cuestionado proceso que culminará el próximo siete de noviembre