La dictadura de Nicaragua hizo público el otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense al guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, acusado por estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de estafa propia, apropiación y retención indebida. El régimen decidió darle el asilo político en 2018.
El anuncio se dio a conocer en La Gaceta, diario oficial No 194. En el escrito se afirma que Herrera «ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua al ser centroamericano y tener residencia en el país». Según medios guatemaltecos, el prófugo había sustraído al menos US$7.3 millones del IGSS lavados involucrando a Herrera con 35 personas más.
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Sobre Herrera mencionan que es «mayor de edad, casado y comerciante» que actualmente tiene cédula con residencia permanente nicaragüense, con domicilio y residencia en Managua.
Herrera obtuvo asilo político en 2018 alegando que su vida, integridad física, seguridad y libertad estaban amenazadas y consideró «que dicho proceso no se encuentra en trámite en virtud del auto de desestimación y archivo, y que se trató de persecución política contra su persona».
El régimen de Ortega defendió su decisión afirmando que «Nicaragua es respetuosa del cumplimiento de los Convenios de Asilo y los instrumentos de Derechos Humanos», durante un año de protestas antigubernamentales que obligaron a muchos nicaragüenses a refugiarse en otros países por asedio, violencia y persecución.
Ahora la dictadura de los Ortega-Murillo ratifica que Herrera gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a las leyes nicaragüenses, de conformidad con lo que establece la constitución política de Nicaragua, bajo la ley No 761 «Ley General de Migración y Extranjería» luego de otorgarle la nacionalidad nicaragüense.
Según información de diarios guatemaltecos, Herrera también fue acusado por mantener vínculos con el narcotráfico. Es conocido por ser un operador político que habría influido desde las comisiones de postulación en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones en el 2017, incluso, después de los señalamientos por la referida estafa.
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Además, el Ministerio Público de Guatemala señaló a Herrera de ser el propietario de dos financieras offshore (fuera de plaza), Helensburgh Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social por un monto que se calculó en Q350 millones y que serviría para la edificación de viviendas para jubilados de esa institución. De acuerdo con la investigación, entre 2002 y 2004, las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por 232.7 millones de quetzales (30 millones de dólares), cuando Herrera las había comprado por 220 mil (28,433 dólares), afirma el diario guatemalteco Prensa Libre.
En el 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde residía; sin embargo, no fue encontrado en el lugar. Durante un cateo se descubrió un pasadizo secreto por el cual se habría fugado.