Bradley Freden, embajador permanente interino de Estados Unidos en la OEA, dijo que la resolución aprobada este 20 de octubre por 26 países que forman parte de la Organización de Estados Americanos es un mensaje claro al dictador Daniel Ortega y a su mujer Rosario Murillo de que «sus acciones no serán toleradas por los países de las Américas».
La OEA demanda al régimen de Nicaragua elecciones libres, con observación internacional y la liberación de los presos políticos. Freden reprochó a la administración Ortega-Murillo la decisión de encarcelar a ciudadanos e ilegalizar a la oposición para las votaciones del siete de noviembre, lo que hizo que el proceso perdiera toda credibilidad, afirmó. «La mal llamada elección no es más que una trampa», advirtió el diplomático.
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«Estados Unidos exhorta al presidente (Daniel) Ortega a liberar inmediatamente a los líderes de la oposición, periodistas, miembros de la sociedad civil, de la empresa privada, estudiantes, líderes campesinos y otros que han sido arrestados en la ola actual de detenciones. Estados Unidos condena la ola de terror que el presidente Ortega y Murillo; y todos los que sean cómplices, responsables por la seguridad y la seguridad de los arrestados», añadió.
En esa misma línea, se pronunció Gustavo Tarre, embajador de Venezuela, quien afirmó que la resolución aprobada es un «paso acertado en la lucha por rescatar la democracia nicaragüense» y resaltó que los estados democráticos de América entiendan que los «buenos deseos no son suficientes».
«La exigencia de la comunidad internacional no debe quedarse discurso. La violación a los derechos humanos y el deterioro de la democracia por parte de los gobiernos deben tener consecuencia», manifestó.
Ortega es una «amenaza tangible» para las elecciones
El representante de Ecuador calificó de «inquietante» la situación de Nicaragua y los presos políticos a pocos días de los comicios presidenciales y señaló que Ortega ha hecho «caso omiso» a los reiterados llamados de la OEA optando por «minar el Estado de Derecho y el orden constitucional y mermar las instituciones democráticas».
Ecuador instó a la dictadura nicaragüenses a aplicar los principios de la Carta Democrática Interamericana, a brindar las garantías mínimas para la realización de elecciones «desterrando la intimidación la censura a los medios de comunicación y la detención de dirigentes de la oposición política».
Daniel Ortega es un «dictador con suerte», pero su fortuna se podría acabar. Foto: Internet.
La embajadora de República Dominicana, Anabel Bueno, denunció la detención de los aspirantes presidenciales opositores, líderes sociales y empresariales «sin garantías de sus derechos» por parte de la dictadura orteguista lo que constituye una «amenaza tangible para un proceso electoral justo como expresión de la soberanía del pueblo nicaragüense».
«Esas acciones impiden que se den las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas a las que todos los estados miembros de nuestra organización nos hemos comprometido en virtud de la carta democrática interamericana y se pone en tela de juicio la legitimidad de las elecciones previstas en Nicaragua», dijo Bueno.
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Antigua y Barbuda exhortó a los representantes del Gobierno de Nicaragua a que aporten un «remedio a la situación» que fue evolucionando en una «problemática». «Vimos que aparecía una norma en la forma de llevar a cabo las elecciones; por las actitudes con los oponentes políticos; las actitudes para con los medios a las que nosotros no podemos adherir en nuestro propio país. Nosotros no encarcelamos a personas por su actitudes o creencias políticas. Tenemos una democracia en donde la libertad de expresión es un elemento alentado por la sociedad».
«No estamos tratando de interferir en los asuntos internos de Nicaragua, ella se sumó a OEA y se plegó al reglamento. Mantener la democracia, el estado de derecho, elecciones libres y mantener el derecho de expresión. Les pedimos que corrijan y vuelvan a poner a Nicaragua en sus rieles para que todos los demás países les indiquen que está o no cumpliendo con las elecciones libres», agregó.
Nicaragua necesita «consolidar la democracia»
Lorena Patiño, representante alterno de Paraguay, lamentó que no haya avances en el convencimiento de Nicaragua de la necesidad de consolidar la democracia del país en el camino a las «elecciones libres y justas». «No ha habido ninguna respuesta alentadora ante todas las declaraciones, resoluciones y exhortaciones realizadas. No vemos otra salida que seguir insistiendo en elevar nuestra voz de protestas reclamando que se restablezcan los derechos políticos y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua», aseveró.
Alejandra Solano, representante de Costa Rica, reiteró su preocupación ante la falta de condiciones para que cualquier proceso democrático. Alertó que la crisis política que sufre el pueblo nicaragüense «se agudiza» por el los presos políticos, entre ellos periodistas y estudiantes, adicionalmente la vulneración de derechos políticos de los ciudadanos al cancelar de manera «arbitraria» a la personería jurídica de algunos partidos políticos.
Tiranía Ortega-Murillo se ensaña contra precandidatos presidenciales a los que les elimina derechos constitucionales. Foto: Internet.
«Estas son acciones deslegitiman el libre ejercicio democrático para la realización de elecciones gustas libres e inclusivas. Estas son acciones que sin duda debilitan profundamente la institucionalidad democrática en Nicaragua. Costa Rica a Nicaragua que cumpla con todos sus compromisos adquiridos», afirmó.
«La resolución recién aprobada es un paso en la dirección correcta y es una oportunidad para el gobierno de Nicaragua y para la OEA de generar acciones concretas, en el marco de un diálogo estructurado, franco, sincero y comprometido con un Estado miembro, que permita el respeto al Estado de Derecho y que al mismo tiempo pueda reencausar un proceso electoral que carece de garantías democráticas», añadió Solano.
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La representante de Surinam abogó a favor de todas las posibilidades para llegar a una solución pacífica en Nicaragua para que se celebren elecciones libres y transparentes con total inclusión de todas las partes Interesadas. «El gobierno de Surinam exhorta a todas las partes interesadas a seguir el diálogo para garantizar que las próximas elecciones sean libres justas y transparentes, basándonos en los principios de la Carta Interamericana y todos los órganos internacionalmente reconocidos; y también tomando en cuenta la protección de los derechos fundamentales y la libertad».
El embajador de Belice lamentó que han pasado cuatro meses y el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con ninguna de las solicitudes de las resoluciones anteriores y por el contrario el régimen tiene presos políticos y ha tomado acciones que han «reducido la democracia y hay una condena de los estados de la región». «La detención de líderes políticos es inaceptable por lo que hacemos un nuevo llamamiento a la liberación, hemos pedido al gobierno de Nicaragua que nosotros estamos comprometidos con los principios democráticos y estamos preocupados por las medidas adoptadas de cara a las elecciones del siete de noviembre», señaló.
Mínimo respaldo a Nicaragua
La embajadora de Mexico acusó a la OEA de querer aislar internacionalmente a Nicaragua y dijo que eso es «síntoma del fracaso de las organizaciones». Argumentó que el camino a sociedades más justas es a través del diálogo y el apego al derecho internacional. Acusó a Almagro de ser parcial y que «no está en condiciones de encontrar un cauce sostenible a la situación de países».
El embajador de Bolivia, Héctor Arce, calificó como «injerencia» en los asuntos internos de Nicaragua la sesión de la OEA y no comparte que los Estados miembros opinen sobre el proceso electoral que se desarrolla en el país centroamericano. Agregó que su país aboga por la «independencia y soberanía de los pueblos y estará atenta y vigilante de que no se cometa un atropello en contra de ningún país que someramente lleve adelante sus procesos electorales y resuelva sus situaciones internamente mediante de los mecanismos establecidos en su orden constitucional».
El representante de Argentina, Carlos Alberto Raimundi, manifestó que «no es pertinente acompañar esta declaración», porque la considera improcedente y extemporánea.
