La administración de Joe Biden asegura que aumentarán la presión en contra del régimen Ortega-Murillo debido a las violaciones a los derechos humanos y los derechos políticos de los ciudadanos, a su vez, aseguran que incrementarán el apoyo a la sociedad civil en su «lucha por la democracia» en el país. Estados Unidos advierte que conducirá al régimen de Ortega al aislamiento internacional.
El subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon Piechowski, dijo en declaraciones al medio internacional Univision que «Estados Unidos exige la liberación incondicional de todos los presos políticos y estamos particularmente preocupados por la aplicación de nuevas leyes en Nicaragua, muchas de ellas importadas de otros regímenes autoritarios como Rusia, que realmente restringen la capacidad de la sociedad civil para operar».
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El país norteamericano ha trabajado con sanciones en conjunto a la Unión Europea y ahora aseguran que se encuentran en el esfuerzo por aislar a Daniel Ortega internacionalmente, «con el fin de dejar claro que su reelección sin candidatos de la oposición no será reconocida internacionalmente, como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela en 2019», afirmó Piechowski.
El funcionario estadounidense añadió que su país «va a seguir trabajando con otras democracias de América Latina y el Caribe, así como de todo el mundo, para aumentar la presión sobre Ortega y Murillo, para aumentar el apoyo al pueblo nicaragüense en su intento de restaurar la democracia en su país».
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El régimen orteguista ya demostró que no pretende tomar en cuenta a la comunidad internacional escogiendo su propio «acompañamiento electoral» para estas próximas elecciones, además de eliminar toda competencia y encarcelando a opositores. Estas acciones del régimen han provocado la reacción de la comunidad internacional y principalmente de Estados Unidos que busca desconocer las elecciones montadas por el sandinismo.
Recientemente, ocho países firmaron una declaración conjunta manifestando que en Nicaragua no existen condiciones para celebrar unas elecciones libres, justas y creíbles. El documento fue firmado por Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.