El expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia de ese país, Mauricio Funes Cartagena, pidió a Estados Unidos que “aumente la presión política y económica” contra el Gobierno de Nayib Bukele por el manejo y actuar de su mandato, que según denuncian diversos sectores, es “autoritario”.
“No se sabe aún si en los círculos de decisión de Washington existe la convicción de que es necesario aumentar la presión política y económica contra el Gobierno de Bukele”, dijo Funes en un video que circula por las redes sociales.
Funes es un protegido y aliado de la dictadura de Daniel Ortega, quien le otorgó ciudadanía nicaragüense en el 2019 pese a ser señalado de corrupción durante su mandato como presidente, y por el cual actualmente está siendo perseguido por las autoridades salvadoreñas y la Interpol.
Con estas declaraciones, Funes pasaría a ser un “injerencista” y “vende patria” tomando en cuenta la retórica que mantienen sus “padres adoptivos”, los Ortega-Murillo, de que todo aquel que pide sanciones a Estados Unidos en contra de funcionarios nicaragüenses está traicionando a la patria, como ha ocurrido con líderes de la oposición, quienes están detenidos por esta causa.
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Lo que pide Funes contra Bukele
El prófugo de la justicia salvadoreña pidió enfáticamente a los Estados Unidos cancelar cualquier ayuda o cooperación no reembolsable al país centroamericano, bloquear los nuevos préstamos de las multilaterales —de las cuales la Casa Blanca tiene control en las decisiones de estos organismos—, o poner obstáculos al envío de remesas así como la inversión de empresas estadounidenses “tal como ocurre con Cuba o Venezuela”.
En su afán de arremeter contra Bukele, el expresidente salvadoreño solicitó al gobierno de Joe Biden poner “punto final” a la vigencia del estatus de protección temporal (TPS) —dirigido a la población migrante y el cual ha sido ampliado hasta el próximo año—, además de aumentar la cantidad de deportados y endurecer la persecución migratoria contra los salvadoreños. “Eso sí le traería serios costos políticos a Nayib (Bukele)”, sentenció Funes.
Por muchísimo menos que esas peticiones, Daniel Ortega tiene presos a 37 líderes opositores nicaragüenses, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y a siete aspirantes a la Presidencia.
La dictadura de Ortega, que mantiene asalariado en la Cancilleria nicaragüense al prófugo Funes, los acusa de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, fundamentándose en la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió el pasado 3 de septiembre un fallo en el que habilita que el presidente en ejercicio pueda competir por la reelección inmediata, con lo que Nayib Bukele podría buscar un segundo período en 2024. Semanas después miles de salvadoreños protestaron contra el Gobierno de Bukele por las diversas decisiones tomadas en poco más de dos años de administración, como la adopción del bitcóin y la deriva “autoritaria” del mandatario.
