Nicaragüenses en el exilio demandan al FMI no oxigenar a la dictadura

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, UEN, exhortó a los organismos financieros internacionales a considerar la «grave situación de la democracia en Nicaragua» antes de realizar desembolsos al régimen de Daniel Ortega.

Mediante un comunicado emitido el viernes, 24 de septiembre, los nicaragüenses exiliados en Costa Rica expresaron su profunda preocupación ante las «desconcertantes acciones» de la comunidad internacional al otorgar financiamiento a la dictadura, en particular, el millonario desembolso que le realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad otorgó al régimen 353.5 millones de dólares, correspondiente a una asignación de Derechos Especiales de Giro, como parte de un «apoyo financiero para cubrir las necesidades de reservas a nivel mundial y ayudar a los países miembros a hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19». Los fondos fueron asignados directamente al Banco Central de Nicaragua y recibidos el 23 de agosto.

«UEN se asombra de que algunos Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), así como la respuesta del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y del FMI, estén enfocadas en crear una confianza sobre Nicaragua, ignorando los crímenes de lesa humanidad», indica el documento.

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Consideran que, además, los organismos deben valorar el futuro «incierto» de la situación sociopolítica y económica del país a las puertas de las elecciones presidenciales. «Crea un panorama desalentador en la economía y las futuras obligaciones adquiridas por el Estado de Nicaragua ante estos organismos, cuyos desembolsos exorbitantes oxigenan a la dictadura de Ortega-Murillo».

El llamado de los exiliados se suma a las críticas de funcionarios y figuras públicas de Estados Unidos. El viernes, 24, los congresistas estadounidenses Albio Sires y Mark Green enviaron una carta a la presidenta y directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que piden que adopte una política formal que «prohíba los préstamos al régimen de Nicaragua hasta que se celebren elecciones libres y justas y organizaciones independientes documenten la mejora de las condiciones de los derechos humanos».