El Ministerio Público, a la orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, realizó audiencia inicial al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Mientras, al aspirante a la Presidencia Noel Vidaurre; y los integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Róger Reyes y Alex Hernández, los acusan de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
En el comunicado número 79, la institución judicial señaló que Reyes, Hernández y Vidaurre son juzgados de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad y del Estado de Nicaragua. A Holmann lo procesarán bajo el artículo 282.
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A las cuatros rehenes de la dictadura, la Fiscalía «remitió su causa a juicio» en donde la autoridad procederá a presentar pruebas, alegatos, peritajes, testimonios, etc., para dar un fallo definitivo.
El aspirante a la Presidencia Noel Vidaurre, de 66 años, permanece bajo arresto domiciliario por las autoridades desde el 24 de julio por supuestamente «socavar la soberanía» de Nicaragua.
Al líder opositor Alex Hernández lo detuvieron los oficiales de la Policía cuando iba entrando a una comidería del sector donde habitaba y fue hasta 10 días después de su arresto que su hermano Uriel Quintanilla Hernández logró verificar y ver a su hermano en las celdas dela Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Al jurista Roger Reyes, defensor del preso político Félix Maradiaga, agentes policiales lo «secuestraron» el 20 de agosto en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la Pista Suburbana, en Managua, y al secretario ejecutivo de La Prensa alrededor de las tres de la mañana del 13 de agosto, fue trasladado de las instalaciones del diario hacia la cárcel, supuestamente para firmar documentos y la Policía aprovechó para detenerlo.
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Los 37 recientes presos políticos han sido detenidos arbitrariamente sin orden judicial y se encuentran cautivos en «El Nuevo Chipote».
Este 23 de septiembre, los familiares de presos políticos en el contexto electoral alertaron con «angustia y urgencia» sobre el riesgo inminente de «daños irreversibles a la integridad física y psicológica» de los más de 30 opositores que permanecen arrestados en «El Nuevo Chipote». La dictadura se ha negado a permitirles visitas de sus parientes y abogados.
La institución orteguista señala sin argumentos que «en todo momento ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas; a velado por la calidad y objetividad de la investigación así como de las acusaciones y continuará contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica».
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En cambio, en un documento, los familiares demandan al Estado de Nicaragua, Poder Judicial y la DAJ, que mientras no sean liberados, que se respeten sus derechos humanos, que establezcan un calendario de visitas, visitas privadas con sus abogados defensores, que reciban un tiempo de alimentos por parte de sus familias, cese del aislamiento e interrogatorios, que permitan el ingreso de frazadas para el frío, entrega de paquetería con objetos básicos y necesario en régimen carcelario como ropa y artículos de aseo personal, salida al sol por 20 minutos al día y que las audiencias sean públicas con familiares y medios de comunicación presentes.