La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que la Policía del régimen secuestró a Róger Reyes, miembro del Consejo Político de la UNAB y abogado del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga. La detención se registró a las 8:30 p.m. de este viernes en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la Pista Suburbana. Reyes fue llevado con rumbo desconocido, aseveró el grupo opositor en las redes sociales.
Reyes es un destacado líder opositor del departamento de Carazo, fue electo en el Consejo Político de la UNAB en febrero de este año, estuvo en primera línea ayudando a los más afectados por los huracanes Eta e Iota, tras su paso por Nicaragua. Asimismo, creó un consultorio médico en línea para pacientes con síntomas asociados al Covid-19.
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«Exigimos que se respete su integridad física. Róger, al igual que las más de 140 personas presas políticas, no es un delincuente. Solo han demandado una Nicaragua libre y justa. Róger Reyes también fungía en Nicaragua como abogado de nuestro precandidato presidencial, Félix Maradiaga, quien también está desaparecido», señaló la UNAB.
Reyes se suma a los más de 30 detenidos por la dictadura en los últimos meses. Daniel Ortega emprendió una embestida contra la oposición nicaragüense. Ordenó encarcelar y abrir causas penales contra los principales precandidatos presidenciales, empresarios, líderes estudiantiles y del Movimiento Campesino; periodistas y defensores de derechos humanos.
Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Noel Vidaurre, Medardo Mairena, Miguel Mora, Arturo Cruz y Félix Maradiaga son los opositores que se disputarían la candidatura presidencial de la oposición para enfrentar a Ortega en los comicios generales de noviembre 2021.
Según el Mecanismo de Reconocimiento de Presos Políticos, más de 140 reos de conciencia permanecen en las cárceles de la dictadura por delitos comunes o terrorismo. Familiares han denunciado las condiciones insalubres y los malos tratos a los que son sometidos los presos políticos. Organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional han demandado al régimen que libere a los reos de conciencia porque sus detenciones son arbitrarias.
