Los familiares de presos políticos en el contexto electoral alertaron con «angustia y urgencia» sobre el riesgo inminente de «daños irreversibles a la integridad física y psicológica» de los más de 30 opositores que permanecen arrestados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Nuevo Chipote». La dictadura se ha negado a permitirles visitas de sus parientes y abogados.
Durante la única visita familiar que les permitieron a los reos de conciencia, los familiares pudieron constatar el grave estado de salud física y mental de los detenidos que son sometidos a tortura psicológica, extensos interrogatorios diarios, mala alimentación; no tienen acceso diario al sol; material de lectura; frazadas para aplacar el intenso frío de la noche y el régimen de incomunicación persiste.
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«Tememos aún más por su vida. A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimento, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación. Así mismo, niegan el ingreso de abrigo y material de lectura. La dilación y obstaculización al ejercicio de la defensa de nuestros familiares continúa», señalan.
El comunicado explica que, pese a la situación física de «desnutrición severa y hambre», las autoridades siguen negando el ingreso de alimentos, pero continúan solicitando medicina para malestares gastrointestinales y vértigo, vinculados a la mala alimentación. Aseguran que los jueces que conocen de los casos de los reos de conciencia ordenaron a la DAJ visitas de los familiares y abogados, pero nada esto se cumple al día de hoy.
«Estos derechos constitucionales, deberían ser garantizados sin necesidad de orden judicial, constituyéndose tales hechos, una abierta violación a los derechos fundamentales de nuestros familiares detenidos», enfatizan.
En el documento demandan al Estado de Nicaragua, Poder Judicial y la DAJ, que mientras no sean liberados, que se respeten sus derechos humanos, que establezcan un calendario de visitas, visitas privadas con sus abogados defensores, que reciban un tiempo de alimentos por parte de sus familias, cese del aislamiento e interrogatorios, que permitan el ingreso de frazadas para el frío, entrega de paquetería con objetos básicos y necesario en régimen carcelario como ropa y artículos de aseo personal, salida al sol por 20 minutos al día y que las audiencias sean públicas con familiares y medios de comunicación presentes.
«Continuaremos con nuestra demanda colectiva de libertad y de respeto a los derechos humanos de todos nuestros familiares, así como las garantías del debido proceso», finalizan.
La dictadura Ortega-Murillo ordenó el encarcelamiento de 37 opositores a pocos meses que se celebren elecciones presidenciales en el país, la cancelación de la personería jurídica a tres partidos políticos y la aplicación de leyes represivas a toda voz crítica.