Los presos políticos Pedro Mena y María Oviedo fueron remitidos a juicio y serán procesados por el supuesto delito de «conspiración», el mismo delito que la dictadura de Nicaragua le imputa a más de 30 opositores. Mena será enjuiciado por defender los derechos de la tierra desde el Movimiento Campesino Anticanal y la abogada Oviedo enfrentará a la justicia orteguista por defender a los presos políticos desde su calidad de defensora en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Según la nota oficial del Ministerio Público, este miércoles, 22 de septiembre, se realizó la audiencia inicial de ambos acusados por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua».
Además del delito de conspiración, a la abogada Oviedo también la acusan de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación por violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. A Mena y Oviedo le mantuvieron la medida cautelar de prisión preventiva y fueron enviados a juicio, del que se desconoce fecha y hora a realizarse.
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María Oviedo fue capturada la noche del 29 de julio, en la casa de su madre en el municipio de León. El abogado Baltasar Arévalo, pareja de la detenida, dijo a Artículo 66 que se presentaron varios oficiales acompañados por el director de la Policía de León, comisionado Fidel Domínguez, y se la llevaron sin dar ninguna explicación.
Pedro Mena fue detenido el cinco de julio, luego de que la Policía allanara su casa y lo detuviera cuando regresaba de trabajar de su granja ubicada en su ciudad natal, La Fonseca, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. Esta es la segunda vez que detienen al activista del Movimiento Campesino.
Imponen 90 días de investigación a Irving Larios
El comunicado 78-2021 de la Fiscalía también informa que este miércoles, 22 de septiembre, se realizó la audiencia especial de garantías constitucionales al reo político Irving Larios por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua y celebrar la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.
En la audiencia especial, la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo de investigación y detención judicial contra el opositor, la petición fue aceptada y se dictó detención por 90 días mientras el Ministerio Público realiza sus averiguaciones.
La Ley 1055 es un instrumento de la dictadura para inhibir a los opositores que aspiraban a participar de candidatos a cargos de elección popular en los eventuales comicios del siete de noviembre del 2021. Dicho proceso ha sido señalado como viciado y fraudulento porque Daniel Ortega mandó a encarcelar a los principales aspirantes presidenciales, líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y exdiplomáticos.