La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) en conjunto con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la acelerada persecución en contra de personas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Las organizaciones hicieron énfasis en el arresto de la abogada María Oviedo y demandaron la liberación de los presos políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) beneficiar con medidas provisionales a la población de la comunidad Santa Fe del pueblo indígena Miskitu de la Costa Caribe Norte.
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La CIDH señala que observó graves hechos de violencia en la región como presuntos secuestros, asesinatos y ataques a sus pobladores, además de fuertes indicios de la presencia terceros armados que buscan apropiarse de las tierras comunitarias en Santa Fe. Por tanto, pide que la Corte IDH ordene al Estado de Nicaragua proteger y garantizar la vida e identidad cultural de los indígenas y permita la visita de una delegación conjunta en el territorio.
El régimen Ortega-Murillo volvió a arremeter contra Argentina y repitió que no votará a favor para que este país suramericano asuma la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En una misiva firmada por la Cancillería, el régimen comparó al presidente argentino, Alberto Fernández, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien calificó de «traidor a nuestras banderas y símbolos de lucha y resistencia». La dictadura manifestó que tener a “otro Almagro” en la Celac, “sería proclamar la intervención y la entrega a las garras yanquis”, en referencia a Estados Unidos.
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El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que la comunidad internacional desconocerá los resultados de las votaciones en Nicaragua, previstas para el próximo siete de noviembre, con las que Daniel Ortega pretende perpetuarse en el poder por cuarta vez consecutiva.
La mañana del 17 de septiembre falleció el opositor y exreo político Patricio José Sevilla, originario del municipio de Telica, del departamento de León, tras estar varios días ingresado en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de la ciudad universitaria.
Una fuente cercana al opositor informó bajo condición de anonimato que Sevilla estuvo asistido con oxígeno en su casa por presentar problemas asociados a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al no encontrar más el producto en venta, sus familiares tuvieron que trasladarlo de emergencia al centro hospitalario, donde permaneció diez días.
Falleció la madre del preso político y líder estudiantil Max Jerez, Heydi Meza, de 67 años, quien no pudo despedirse de su hijo. Familiares informaron que la mujer padecía de neumonía y de derrame pleural. Dolly Mora, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), había informado que Meza estaba en agonía y demandó al régimen que dejara a la mujer encontrarse con su hijo por última vez para despedirse.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones políticas de Nicaragua exigen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que le permita al dirigente estudiantil opositor y actual preso político Max Jerez asistir a las honras fúnebres de su mamá, Heydi Meza, a la que, en un acto catalogado como «cruel y perverso», no la dejaron ver en sus últimos momentos de vida.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue enfático en afirmar que los Ortega-Murillo se ensañan con los presos políticos de una manera perversa, al no permitirle al dirigente estudiantil detenido asistir al lecho de enferma donde agonizaba su mamá para poderse despedir de ella.
«Otro acto perverso e inhumano por parte del régimen Ortega-Murillo. No permitió a Max Jerez ver a su madre con vida por última vez. Condenamos esta otra forma de tortura contra los detenidos por razones políticas y sus familias», señala el CENIDH a través de un mensaje publicado en Twitter.