Al saludar los 200 años de la independencia de Centroamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a los cinco países del itsmo y reconoció «a los pueblos de la región que se han unido a lo largo de tantas generaciones en pro de la libertad y las oportunidades».
Blinken también dijo que en las últimas décadas «hemos presenciado como los conceptos de democracia y derechos humanos, que son valores centrales para el pueblo de Estados Unidos, también se consolidan en las aspiraciones de nuestros vecinos centroamericanos. Efectivamente, en las últimas generaciones, los pueblos de esta región han gozado progresivamente de los derechos que son inherentes a la democracia, incluidas las elecciones libres y justas, el sufragio universal y las libertades de expresión y religión».
Sin embargo, no todo fue felicitaciones y reconocimientos para los gobiernos centroamericanos. El alto funcionario norteamericano hizo una separación tajante al referirse a Nicaragua.
«Si bien muchos ciudadanos centroamericanos están alcanzados por las garantías de democracia y derechos humanos, los acontecimientos antidemocráticos suponen una amenaza cada vez más seria para el futuro de América Central. En particular, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha llevado al país por la sombría senda del autoritarismo, apoyándose en un poder judicial obsecuente, la usurpación de partidos políticos y el encarcelamiento de periodistas, líderes opositores y otras personas que defienden las elecciones libres y justas», declaró Blinken, según lee en la nota de prensa que fue distribuida por el Departamento del Estado.
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El jefe de la diplomacia estadounidense, sin mencionarlo con nombre y apellido, también lamentó los abusos a las libertades «en otras partes de América Central», con lo que pareciera referirse a los últimos acontecimientos en El Salvador, que advierten de la deriva autoritaria del presidente de ese país, Nayib Bukele.
«Lamentablemente, los ataques alarmantes contra la independencia judicial, la sociedad civil y la prensa, así como contra la separación de poderes en otras partes de América Central, implican la posibilidad de que los pueblos y las economías de esas naciones también se enfrenten a un futuro con mayor autoritarismo».
Finalmente, Blinken reiteró la voluntad de Estados Unidos de acompañar «a todos aquellos que proclaman la verdad frente al poder, defienden los derechos humanos y fortalecen las instituciones democráticas ante la corrupción y las tendencias autoritarias en toda la región».
La carta particular del secretario Blinken fue divulgada un día después de otra misiva institucional del Departamento de Estado, a propósito también de las fiestas patrias en Centroamérica, en la que también Estados Unidos arremetió contra la dictadura sandinsita.
«Lamentablemente, hoy en Nicaragua la libertad por la que tantos nicaragüenses lucharon durante tanto tiempo se está deslizando hacia una nueva era oscura. El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han socavado constantemente los cimientos de las instituciones democráticas de Nicaragua», dice la misiva extendida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a las vísperas del Bicentenario de la Independencia de Nicaragua. La administración de Joe Biden critica el aplastamiento a los cimientos de las instituciones democráticas en el país, acciones impulsadas por la pareja dictatorial. «Han cerrado todo espacio para la competencia política y el discurso público», reprocha el Departamento de Estado.
El cruce de comunicaciones de la diplomacia norteamericana y de las respuestas ofensivas del gobierno nicaragüense se dan en medio de una oleada represiva de Ortega contra opositores, activistas, ONG, periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
En los últimos cuatro meses, el régimen Ortega-Murillo ha acelerado la persecución contra voces disidentes, encarceló a más de 35 opositores de alto perfil, incluyendo a siete precandidatos presidenciales, que se sumaron a los más de 110 presos políticos que están encerrados en las cárceles del régimen desde los últimos tres años; aniquiló más de 40 organismos no gubernamentales, incluyendo 15 asociaciones médicas; ocupó policialmente las instalaciones del diario La Prensa, el rotativo más antiguo del país; y eliminó a tres partidos políticos en el inicio del proceso electoral que está previsto concluya el siete de noviembre, con a reelección del propio Ortega y su esposa Rosario Murillo.