La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) solicitó una visita in situ a Nicaragua para comprobar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está implementando las medidas provisionales dictadas por el organismo continental en favor de los presos políticos en el contexto electoral.
La Corte mantuvo las medidas provisionales dictadas el 24 de junio y reiteró a la dictadura que libere inmediatamente a Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla.
Esta nueva resolución de la Corte-IDH amplió las medidas provisionales y requirió al Estado para que libere inmediatamente al dirigente estudiantil Lesther Lenin Alemán Alfaro, al dirigente campesino Freddy Alberto Navas López y a la activista política Daisy Tamara Dávila Rivas.
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«La Corte manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua, previa anuencia del Estado, a fin de verificar la situación de las personas detenidas que son beneficiarias de las presentes medidas, que éstas sean exhibidas personalmente ante la delegación del Tribunal, y se constate su estado de salud por medio de médicos independientes», señala la resolución del organismo.
Si el régimen permite la visita in situ de los funcionarios de la Corte-IDH, la delegación estará compuesta por al menos un juez, que será designado por la Presidenta de la Corte. «En caso que el Estado esté anuente a la visita antes indicada, se pide comunicarlo a más tardar el 24 de septiembre», señala.
La Corte requirió al Estado que, mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata de los beneficiarios, informe a sus familiares y abogados sobre el lugar de detención, facilite su contacto con familiares y abogados, y a garantice el acceso a servicios de salud y medicamentos.
El pasado viernes 27 de agosto, la Corte-IDH había citado al Estado de Nicaragua a una audiencia en la que los representantes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo deberían responder por el incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de varios presos políticos, pero la dictadura no asistió y los jueces lamentaron la decisión del Estado.
