La Fiscalía decidió acusar al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, por los supuestos delitos de portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos; y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
El preso político fue arrestado junio por supuestamente “consentir que se maquillaran los estados financieros” en la Fundación para el Desarrollo, Funides. En ese entonces, el régimen se escudó bajo la Ley 1055 que califica a opositores como “traidores de la patria”, sin embargo, durante la audiencia inicial realizada este lunes, se le imputaron otros cargos y se remitió a juicio. Rivas Anduray es el primer banquero enjuiciado en medio de una fuerte persecución del régimen contra dirigentes gremiales, de cara a las elecciones generales.
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Continúan las audiencias iniciales contra opositores. Esta vez se realizaron contra la activista Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el aspirante presidencial Miguel Mora Barberena; y a la exdiputada María Fernanda Flores Lanzas, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
A los presos políticos se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y remitió a juicio. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reiteró que se tratan de «audiencias secretas e ilegales» en contra de la oposición.
El opositor Yader Parajón, de 30 años, originario de Managua, fue detenido el cuatro de septiembre cuando se disponía a salir del país rumbo a Honduras en busca de mejores oportunidades. Familiares refieren que aparentemente está en una estación policial bajo proceso investigativo, pero las autoridades se niegan a brindar información sobre él. Yader es hermano de Jimmy Parajón, estudiante asesinado durante las protestas sociales de 2018.
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Por otro lado, el régimen acusó al joven opositor Kevin Castillo Prado, de León, por el supuesto delito de tenencia de drogas. Castillo fue detenido en su vivienda el viernes, tres de septiembre, y según sus familiares, la Policía le «plantó» droga para incriminarlo y llevarlo a la cárcel por ser un activo crítico de la dictadura.
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que Nicaragua conmemora «tristemente» su Bicentenario de la Independencia de Centroamérica bajo una «dictadura dinástica y cleptocrática». La reflexión del país norteamericano fue hecha al finalizar la campaña denominada #PresosPorQué, que consistió en dar a conocer la situación de 35 líderes opositores, periodistas y dirigentes gremiales arrestados por el régimen a las puertas de las elecciones generales.
Estados Unidos reiteró que estas personas han sido encarceladas injustamente por cargos falsos y se les ha negado el debido proceso, por lo que continuará demandando su inmediata libertad.
Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), justificó los millones de dólares que el banco regional le ha otorgado al régimen de Daniel Ortega, a pesar de las críticas de muchos nicaragüenses quienes señalan que los fondos son utilizados para actividades represivas y propaganda política.
Mossi defendió el respaldo que los miembros del organismo le dan a Ortega, asegurando que el financiamiento va dirigido a proyectos sociales y remarcó que al BCIE no le compete «velar por la democracia».
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51 mujeres y niñas nicaragüenses han sido asesinas por razones de género en los primeros ocho meses del año, nueve de ellas en el exterior, confirmó la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Los datos reflejan que al mes se reportan hasta ocho femicidios, al tiempo que 86 mujeres lograron sobrevivir a los ataques, al día de hoy.
En relación al mismo periodo de 2020, el incremento de femicidios es de un caso más, sin embargo, la organización advierte que el grado de violencia con el que se han cometido los crímenes es mayor. De 42 asesinatos en Nicaragua, solo siete hombres han sido sentenciados, mientras 15 se encuentran en proceso judicial. El resto permanece en la impunidad, prófugos de la justicia o bajo investigación.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que, a su juicio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “desmantela” las instituciones democráticas como el venezolano Hugo Chávez, “pero a un ritmo mucho más alarmante”.
Esto luego que la Corte Suprema salvadoreña despejara el camino a la reelección inmediata de Bukele, lo que era prohibido por su propia Constitución Política. La estrategia del presidente salvadoreño, comparable con la de Daniel Ortega, desató las críticas de la oposición de su país y de diversos organismos y naciones. Vivanco advertía que “la democracia en El Salvador está al borde del abismo”.