El director general de la Policía de Nicaragua, sancionado comisionado Francisco Javier Díaz, aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para que los opositores acusados por el supuesto delito de «conspiración» permanezcan encarcelados y sean enjuiciados. El consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con la línea de amenazas divulgadas por la dictadura al asegurar que «con la paz no se juega».
El jefe policial adelantó que como autoridades ya tienen «las pruebas suficientes» para continuar con el proceso de acusación en contra de los más de treinta opositores encarcelados entre junio y agosto de 2021, en el contexto electoral del país.
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«Seguimos investigando, tenemos las pruebas suficientes para que estos terroristas, estos vándalos, estos golpistas, les caiga el peso de la ley», afirmó en entrevista a un medio oficialista en conmemoración al 42 aniversario de la Policía.
Díaz dejó claro que «la facultad de la Policía es investigar, el Ministerio Público de acusar, y el Poder Judicial de determinar si es inocente o si es culpable», pero a pesar de eso tomó el puesto del Ministerio Público y señaló desde ya que les caerá todo el peso de la ley a quienes son «abiertamente opositores», aseguró el sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.
El consuegro de Ortega reafirmó su respaldo a su «buen gobierno» y celebró el apoyo económico hacía la institución revelando que ha aumentado entre cuatro a cinco veces el presupuesto de la Policía Nacional durante los últimos cinco años. Celebró la compra de decenas de vehículos y motocicletas, además de los «beneficios» recibidos con el programa de viviendas a más de cien agentes policiales por su fidelidad con la dictadura.
«Entre los últimos dos años, hemos construido 121 unidades de policía, y estamos inaugurando una unidad de policía semanalmente», celebró Díaz, mientras Nicaragua sufre de crisis económica que obliga a los nicaragüenses a migrar en busca de oportunidades o por ser víctimas de represión y asedio.
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El director general de la institución sancionada reiteró que según sus números total de 22 agentes policiales fueron víctimas mortales en las protestas iniciadas en abril de 2018. Asegura que hubo asesinados y quemados «por el intento golpe de Estado». Pero Díaz calla sobre las denuncias de organismos de derechos humanos que aseguran que en ese mismo contexto se reportaron más de 320 nicaragüenses asesinados con armamento de guerra, miles de heridos y secuestrados por parte de la Policía y paramilitares a los que llaman «Policía voluntaria».
Díaz remarcó que Nicaragua «sigue siendo el país más seguro de Centroamérica», lo que sustenta en una encuesta realizada por una firma señalada de favorecer a los Ortega-Murillo. En el país, vienen en incremento los asaltos a mano armada. Las autoridades también guardan silencio sobre la reciente masacre atribuidas a colonos en zonas de pueblos indígenas.
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