El orteguista Ministerio Público, siguiendo su estrategia de criminalizar la libertad de expresión y el libre pensamiento, pretende lograr una condena penal contra el periodista de la crónica deportiva nicaragüense Miguel Mendoza, presentando como pruebas en un juicio varios mensajes publicados en las redes sociales del comunicador.
De acuerdo con el abogado Mynor Curtis, defensor particular del preso político, la Fiscalía, institución que ha sido señalada por organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales de ser «una fábrica de juicios con pruebas falsas contra opositores», ofreció diez tuits y una publicación en Facebook como supuestas evidencias para, según ellos, probar el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», que le achacan a Mendoza.
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El cronista deportivo fue acusado junto al precandidato presidencial Miguel Mora, la dirigente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), Ana Margarita Vijil; y la exdiputada María Fernanda Flores. Todos fueron remitidos a juicio oral y público para responder por el mismo supuesto delito.
Curtis, en una entrevista concedida al medio de comunicación digital 100% Noticias, confirmó que en la audiencia inicial contra Mendoza la Fiscalía dijo que también pretende probar la responsabilidad penal del periodista con el testimonio de cuatro oficiales de la Policía.
«Los agentes hicieron actos investigativos, detuvieron a Mendoza y ocuparon diferentes objetos, también pretenden valerse del testimonio de otros tres policías quiénes hicieron diferentes peritajes en cuanto a la extracción de información de diferentes medios como celulares o computadoras», indicó Curtis.
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Según la acusación conocida por el abogado defensor, la Fiscalía asegura que «el 2 de junio 2021, mediante la plataforma de Twitter el acusado Miguel Mendoza, con la finalidad de incitar a la injerencia extranjera tuiteó lo siguiente. “La congresista republicana María Elvira Salazar se pronuncia sobre allanamiento y detención de Cristina Chamorro y le advierte al dictador Ortega que están vigilando su actuación y que la Ley Renacer está sobre la mesa», y ese mensaje que solo reproduce información de medios de comunicación internacionales constituye delito, según la dictadura.
¿Patrullaje cibernético?
Mientras, otros agentes policiales supuestamente brindarán testimonio sobre un «Informe de redes sociales y medios de la información y la comunicación», fechado el tres de julio del 2021 con el cual supuestamente demostrarán que realizaron un monitoreo en los sitios web, plataformas digitales de redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram sobre las diferentes publicaciones realizadas por el acusado.
«Una vez que se realizó “patrullaje cibernético” en las diferentes tecnologías de la información y la comunicación de las distintas plataformas de redes sociales y fuentes abiertas, se procedió a analizar elementos de interés», menciona la acusación de los fiscales, sin especificar cuáles son esos elementos de interés que habrían encontrado en su trabajo de espionaje a las redes sociales del opositor.
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Con esas rebuscadas pruebas, en la audiencia inicial, un juez sandinista remitió a juicio a Mendoza aceptando la tipificación penal propuesta por los fiscales de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal.
Miguel Mendoza fue secuestrado la noche del 21 de junio. Desde entonces había estado técnicamente desaparecido y fue hasta hace unos días que su familia logró tener una prueba de vida mediante una visita de 30 minutos.
