El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la justicia nicaragüense, al servicio de Daniel Ortega, continúa realizando «audiencias secretas e ilegales» en contra de la oposición. La dictadura de Nicaragua mantiene encarcelados a más de 30 personas por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. La mayoría de las comparecencias tienen como escenario la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote».
El Cenidh informó en sus redes sociales que este lunes, seis de septiembre, el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza fue sometido a la audiencia inicial por el supuesto delito de «conspiración», el mismo cargo que la Fiscalía orteguista le imputa a los presos políticos recientes detenidos desde finales de mayo de este año.
«Última hora, continúan las audiencias secretas e ilegales en El Nuevo Chipote, ahora contra el periodista Miguel Ángel Mendoza. Cenidh exige su libertad inmediata y la de todos los presos políticos», denunció. Según el organismo, estas audiencias son una violación a las garantías del debido proceso.
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A Mendoza le imputan el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua», esto según la acusación de la Fiscalía.
Mendoza fue uno de los activistas más críticos de la dictadura desde el inicio de la crisis de abril 2018, y desde sus redes sociales señalaba las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo, al tiempo que demandaba elecciones libres, justas y transparentes.
«Estados Unidos insta a Ortega a retirar estos cargos absurdos y permitir que los periodistas independientes vuelvan a ejercer su trabajo sin obstáculos», demandó el Departamento de Estado, añadió que el arresto del comunicador «es parte de los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para aplastar a la prensa independiente de Nicaragua».
El periodista fue encarcelado el 21 de junio y se le impuso un plazo de 90 días de cárcel, mientras se realizó una supuesta investigación, uniéndose a la larga de lista de presos políticos del régimen que suma más de 150 personas.