Varias organizaciones de nicaragüenses que residen o están exiliados en Estados Unidos enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de esa organización regional y declaren, desde ahora, «ilegítimas» las elecciones presidenciales y parlamentarias que organiza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por considerar que dicho proceso no ofrece ni las condiciones mínimas de democracia y transparencia.
La comunicación, que fue enviada a la oficina de Almagro el 24 de agosto, indica que «tiene como objetivo solicitarle, dentro de sus competencias y mandato, se eleve el nivel de resolución de este organismo multilateral, utilizando todos los mecanismos para restablecer el orden constitucional y democrático en Nicaragua, mediante la realización de una expedita sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de que se declare inadmisible el viciado proceso electoral, a realizarse el próximo siete de noviembre».
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Las organizaciones de residentes y exiliados plantean que la dictadura en Nicaragua ha cancelado arbitrariamente y sin el debido proceso judicial, las personalidades jurídicas de los partidos políticos que pudieron haber servido de mecanismo institucional para la presentación de candidaturas competitivas y así, fueron eliminados del proceso electoral el Partido Conservador (PC), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Denuncian además que como parte de la escalada represiva preelectoral, el régimen Ortega-Murillo privó de la libertad y criminaliza arbitrariamente, «bajo cargos infundados y en un contexto de comprobada falta de independencia judicial, a seis precandidatos presidenciales, así como a varias decenas de líderes, lideresas sociales y políticas de reconocimiento nacional e internacional».
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Asimismo, los firmantes del documento le recuerda a la OEA que, como consecuencia de la represión orteguista, el país continúa en medio de una crisis de derechos humanos desde abril de 2018, en que más de 328 personas perdieron la vida, al menos 2,000 manifestantes fueron heridos, y otros 1,614 fueron víctimas de la privación arbitraria de libertad, además de los más de 100 mil nicaragüenses que debieron migrar forzosamente del país para salvaguardar sus vidas. Dicho contexto represivo ha sido verificado y denunciado como crímenes de “lesa humanidad” por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«En el contexto de dicha crisis no solo persiste la impunidad por falta de diligencia del Estado de Nicaragua en las pertinentes investigaciones, administración de justicia y reparación integral a las víctimas. Aún no se conoce hasta ahora ni un solo proceso judicial en ese sentido. Más bien, han creado leyes y políticas destinadas a la perpetuación de la impunidad. La alteración del orden constitucional y democrático en Nicaragua incumple con las obligaciones internacionales del sistema interamericano y universal», expresa los nicaragüenses.
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«Por todo lo antes expuesto, solicitamos se declare ilegítimo el proceso electoral por no prestar las garantías y condiciones de observación nacional e internacional, y las reiteradas violaciones en el marco de los estándares interamericanos para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes», piden a la OEA.
Finalmente, los residentes y exiliados denuncian ante la instancia regional que el actual proceso electoral en el que los Ortega-Murillo pretenden reelegirse «violenta el derecho a ejercer el voto, consagrado en el artículo 122 de la Ley Electoral de Nicaragua que establece el derecho al sufragio de todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren transitoriamente fuera del país o residan en el extranjero. Vinculante al artículo 25 del pacto civiles y políticos, al artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, ratificado en el artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua».
