El líder opositor Freddy Navas, integrante del Movimiento Campesino, fue detenido arbitrariamente en su casa el cinco de julio por agentes policiales al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es la segunda vez que lo encarcelan. La comunidad internacional exige su liberación, esta vez por medio de la campaña «Presos Por Qué».
Estados Unidos, a través de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales, adscrita al departamento de Estado, denuncia la situación actual de Navas . Resaltan que «las autoridades nicaragüenses volvieron a acusar al opositor de delitos presuntamente cometidos en 2018 por los cuales ya había sido condenado, cumplió condena y amnistiado en 2019».
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Ortega, en esta segunda embestida, recurrió al supuesto caso de los asesinatos de policías en Morrito, pero horas después modificaron el comunicado y acusaron a Navas de «traidor de la patria».
La Ley de amnistía fue aplicada en junio de 2019. Esta normativa, que aprobada unilateralmente por la asamblea nacional a la orden del régimen de Ortega-Murillo, absolvía a los opositores por los «delitos» imputados por la dictadura. Dicha Ley fue criticada por considerar que «dejaría impune la represión gubernamental». Mientras los familiares de los presos políticos pedían libertad total asegurando que no habían cometido ningún delito. Actualmente, varios de los que fueron liberados están nuevamente bajo arresto.
Al crítico de Ortega, el Ministerio Púbico lo acusa de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», según la Ley 1055, normativa que utiliza el régimen de Ortega-Murillo para encarcelar a la oposición por «traición a la patria».
Este primero de septiembre, Freddy Navas cumple 58 días «secuestrado», de los 90 días de «investigación» que solicitó la Policía sancionada, amparándose en la reforma al Código Procesal Penal, que permite a la instancia judicial investigar por tres meses a un ciudadano. Hasta el momento no se tiene conocimiento de su estado físico y mental, ya que no se le permite el contacto con sus familiares ni con su representante legal.
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Por otro lado, el aparato represivo de Ortega-Murillo, después de más de 80 días sin conocer su paradero y estado de salud, permitió que los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga recibieran visitas de sus familiares; los encuentros duraron aproximadamente unos 10 minutos.
Con las recientes «detenciones» se contabilizan 34 opositores encarcelados en los últimos cuatro meses. A este número, se le suman los más de 140 rehenes políticos a los que Ortega tiene en prisión, de quienes sus familiares argumentan les han «fabricado» delitos.
