El anteproyecto de reforma constitucional que recibirá el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a mediados de septiembre puede abrir la puerta a un sistema de partido único al eliminar la prohibición que expresa la Constitución actualmente, advirtió en una entrevista con Efe el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock.
El próximo 15 de septiembre, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, entregará a Bukele un anteproyecto con más de 200 reformas constitucionales que trabajó con un grupo de abogados por petición del mandatario salvadoreño.
De acuerdo con el activista, en dicho anteproyecto se elimina la prohibición del artículo 85 de que exista un partido único oficial en el país.
La Constitución señala que el partido único oficial “es incompatible con el sistema democrático y con la forma de Gobierno establecidos” y que se describe en el citado artículo.
El sistema de Gobierno es, de acuerdo con el texto constitucional, una norma pétrea que no se puede reformar.
“Se ven elementos (en el anteproyecto) que te permiten imaginar que lo que se busca al final es normalizar y dejar puesto en la Constitución un sistema de Gobierno de un partido que tenga un control muy fuerte sobre las otras instituciones”, indicó.
Al revisar el documento que contiene las reformas, publicado en el portal de la Presidencia, no se encuentra ningún artículo que prohíba la existencia de un partido único.
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Para el defensor de derechos humanos, con la mayoría que posee el oficialismo en la Asamblea Legislativa y tras el “golpe de Estado del 1 de mayo”, “se ve que están queriendo abrir la puerta a modificar el sistema de Gobierno con esta nueva posibilidad de que haya un partido único en el país”.
Bukele llegó al poder con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) al retrasarse la inscripción de su movimiento Nuevas Ideas (NI) como partido.
El mandatario se reconoció como parte de NI en febrero pasado, cuando la formación ganó 56 diputados de los 84.
Más preocupaciones
Bullock señaló que, tras un estudio del paquete de reformas, le preocupa que se abra la posibilidad de la existencia de grupos armados fuera del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC).
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El artículo 7 de la Constitución vigente indica que “se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”.
Mientras que el anteproyecto apunta que “se prohíbe la existencia de grupos armados salvo los casos previstos por la ley”.
En el pasado, el partido GANA se ha mostrado a favor de la existencia de grupos armados de civiles para combatir a las pandillas.
“Se abre la puerta a una militarización aún mayor de la sociedad e incluso un retorno a una época en que había una serie de grupos armados” y “fueron estos grupos responsables de las peores violaciones a derechos humanos”, apuntó Bullock.
“Son cosas muy preocupantes desde una perspectiva histórica y de experiencia de derechos humanos en este país y alrededor del mundo”, añadió.
Proyecto para “consolidar” el poder
El director de Cristosal señaló que el contexto en el que se presenta el anteproyecto “nos hace muy difícil creer que el verdadero motivo de esta reforma es la reivindicación de derechos humanos”.
Apuntó que en los poco más de dos años de gestión, el Ejecutivo de Bukele “ha atentado contra el Estado de Derecho” y “en ningún momento ha querido acatar u obedecer normas constitucionales, y ahora te dicen que quieren cambiar las reglas”.
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Por otra parte, apuntó que “parece ser que quieren cambiar la Carta Magna de este país en función comunicacional” para generar impacto.
“Para nosotros no está en función del interés de la nación, sino que (es) un proyecto de consolidación del poder y esto lo vemos en el mismo lenguaje del Gobierno”, subrayó.
¿Es necesaria una nueva Constitución?
El activista apuntó que una de las principales interrogantes en este proceso de reforma es sobre la necesidad de reformar la Constitución, pero “no estamos escuchando respuesta”, además apuntó que con el número de reformas se estaría generando una nueva Carta Magna.
“La primera impresión es que no se trata de una reforma constitucional, sino que en su conjunto los 215 artículos reformados es una sustitución constitucional, una nueva Constitución”, indicó.
Añadió que para el reconocimiento de ciertos derechos no es necesaria una reforma constitucional, sino que basta con crear legislaciones secundarias.
“Si se está tratando de reivindicar o proteger ciertos derechos humanos la forma más rápida y clara no es a través de una reforma constitucional que entra en vigencia hasta 2024, (sino que) es a través de leyes secundarias”, dijo.
Expuso que para garantizar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI sí es necesaria una reforma constitucional.
“Consideramos que la Constitución actual da para reconocer todos los derechos humanos, con unas excepciones”, como “el matrimonio entre el mismo sexo y ciertas limitaciones en las tres causales del aborto”, agregó.