La Arquidiócesis de Managua informó que el cardenal Leopoldo José Brenes fue diagnosticado con COVID-19. La noticia fue dada a conocer por el vicario general y vocero, monseñor Carlos Avilés, mediante un comunicado en el que relata que el jerarcca presentó un cuadro febril y gripal, por lo que procedió a realizarse una prueba, dando un resultado positivo.
La valoración médica fue definida como leve y el arzobispo de Managua ha iniciado el tratamiento correspondiente; por lo que estará retirado temporalmente de sus actividades ordinarias. Sin embargo, los medios sandinistas alarmaron al asegurar que el líder religioso se encuentra internado en el Hospital Militar, en Managua.
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La Iglesia católica ha sido una de las principales instituciones que ha tomado medidas de bioseguridad ante la pandemia, a pesar que las autoridades de gobierno continúan minimizando las alarmantes cifras de contagios en el país. El régimen Ortega-Murillo acusó formalmente a la dirigente opositora Ana Margarita Vijil y a la disidente Dora María Téllez, figura histórica de la lucha revolucionaria. Ambas fueron acusadas por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Dora María Téllez le gana la batalla al COVID-19. Foto: Cortesía
La Fiscalía informó que las audiencias preliminares en contra de ambas presas políticas se realizaron el viernes, 27 de agosto, en las que se decretó mantenerlas bajo prisión preventiva. Las opositoras se encuentran en calidad de «desaparecidas» desde su arbitrario arresto, debido a que la dictadura no permite que los recientes encarcelados puedan comunicarse con sus familiares y abogados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia de supervisión de medidas urgentes para los presos políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri y Tamara Dávila, a la que no se presentó la representación del régimen de Nicaragua. Los familiares y representantes de los presos políticos solicitaron a la Corte que emita una resolución de desaparición forzada y ordene nuevamente que se proceda a la liberación inmediata de los opositores.
Opositores que se encuentran en el exilio o residiendo en Costa Rica realizaron un plantón frente a las oficinas de la Corte IDH, ubicadas en San José, mientras se desarrollaba la audiencia pública del órgano judicial. Los manifestantes se presentaron con carteles y mantas para exigir la libertad de todos los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega.
Jared Genser, abogado de los presos políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, denunció que es «espeluznante como espantoso» que ambos precandidatos presidenciales hayan sido acusados de cargos políticos «tan descarados» que pueden someterlos a 15 a 25 años de prisión. Y como si no fuera suficientemente malo, el régimen ni siquiera se molesta en intentar que parezca un proceso legítimo.
El abogado añadió que sus desapariciones constituyen una tortura bajo el marco del derecho internacional y la forma en que fueron acusados es una «violación flagrante» al debido proceso. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas frente a la ola de represión de Daniel Ortega que representa el ataque más descarado y frontal a la democracia y los derechos humanos en el mundo.
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El régimen autorizó al viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro, para que suscriba con el banco ruso Eximbank un millonario préstamo para la compra de más buses para el transporte público de la capital. El crédito ronda los 20 millones de dólares para financiar el proyecto que estará a cargo del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma).
La dictadura ha adquirido de forma gratuita más de 200 buses rusos que luego habrían sido comprados por las cooperativas aliadas y utilizados para propaganda política. Actualmente, las unidades se encuentran en malas condiciones que se suma al mal servicio que le brindan a la población.
