Los extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Walter Gómez y Marcos Fletes, cumplirán este sábado 28 de agosto, los 90 días de prisión preventiva impuesta como periodo de «investigación» por el sistema judicial. Ambos son acusados, junto a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos a través de la FVBCH. Gómez y Fletes fueron secuestrados la noche del 28 de mayo del 2021 de sus viviendas.
Los abogados defensores y sus familiares se han presentado a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como «El Nuevo Chipote», para conocer el paradero y situación legal de los dos ciudadanos detenidos arbitrariamente, sin embargo, la Policía del régimen les niega cualquier información, pero les reciben los tres tiempos de alimentación.
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Familiares de los detenidos esperan que al cumplirse el plazo fijado por el régimen orteguista sean liberados porque formalmente no existe una acusación contra Gómez y Fletes. Al igual que los dos exfuncionarios de la FVBCH, otra treintena de opositores están detenidos, incomunicados y sin acceso a un abogado defensor de su elección. Entre los arrestados se encuentran siete aspirantes presidenciales, defensores de derechos humanos, periodistas, exdiplomáticos, dirigentes estudiantiles, líderes del Movimiento Campesino y empresarios.
De acuerdo con denuncias de los familiares de ambos ciudadanos, a Walter Gómez lo capturó un numeroso dispositivo policial que se presentó a su casa y sin mostrar orden judicial allanó la vivienda y se lo llevó detenido. En tanto, a Marcos Fletes lo capturaron civiles armados, presumiblemente paramilitares que trabajan coordinados con la Policía, y en medio de un violento operativo lo montaron en un microbús y también se lo llevaron con rumbo desconocido.
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Los presos políticos Walter Gómez y Marcos Fletes son beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la resolución 49/2021 emitida el 24 de junio. «Según la solicitud, a raíz de la posible candidatura de Cristiana Chamorro Barrios a la Presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención. Al respecto, la CIDH consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH», señala el organismo.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió una feroz embestida contra la FVBCH, dirigida por Cristiana Chamorro y abrió un proceso investigativo por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Chamorro está en arresto domiciliar en su vivienda donde se llevó a cabo un fuerte operativo policial para allanar la residencia.